Bajo la sombra de más de tres millones de hectáreas consumidas por el fuego, los empresarios privados se suman al coro de voces que instan al Gobierno a derogar las denominadas «leyes incendiarias». Preocupados, solicitan una revisión urgente de las normativas que, según argumentan, resultan en pérdidas económicas y daños medioambientales.
Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, expresó su consternación por las recurrentes quemas e incendios que generan pérdidas considerables en el país. Lamentó que Bolivia figure entre las naciones que más han perdido bosques en los últimos años y enfatizó la necesidad de tomar medidas inmediatas.
«Nos está afectando a todos, incluso en la salud. Este es un tema que debería preocupar a todos los bolivianos y, por supuesto, al Gobierno. Tenemos que sancionar este tipo de actitudes que están depredando nuestros bosques, acabando con especies y reduciendo la flora y fauna», subrayó Ascarrunz.
El empresario destacó que las quemas no siempre buscan la producción de alimentos, sino que se realizan de manera indiscriminada. Por ello, instó a las autoridades a abordar la situación de manera urgente.
«Estamos muy preocupados y hemos escuchado la intención del Gobierno de derogar algunas leyes que permitan estas situaciones. Esperamos que así sea y que el Gobierno tome cartas en el asunto a la brevedad», añadió.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, compartió opiniones similares, señalando la necesidad de reconsiderar algunas normas. Aunque reconoció que los incendios no impactan directamente en las industrias, resaltó las consecuencias a nivel productivo y llamó a repensar leyes que beneficien a toda la población.
«Si hay medidas o normas inapropiadas, deben ser repensadas para favorecer a todos los bolivianos. El daño es considerable, y este es el momento en el que todos los bolivianos podemos apoyar y aportar algo. Si estas leyes están dañando el medioambiente y la producción, deben ser revisadas y reconsideradas», enfatizó Camacho.
En días recientes, diputadas de la oposición también exigieron la abolición de las «leyes incendiarias». La senadora Andrea Barrientos y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) se sumaron a este llamado, respaldados por instituciones productivas de Santa Cruz y la Asamblea de la Cruceñidad.
El viceministro de Medio Ambiente, Franz Quispe, anunció el viernes que están trabajando en un proyecto de ley para prohibir el uso del fuego y promover alternativas para preparar terrenos de siembra. «Se está trabajando en un proyecto de ley para derogar todo eso. Es un equipo multidisciplinario que está trabajando», afirmó el viceministro en radio Fides.