En un escenario que suscita preocupación nacional, asambleístas y analistas expresan fuertes críticas hacia el Gobierno en relación con el caso del narcotraficante Sebastián Marset. Alertan que este episodio no solo mancha el nombre de una persona, sino que pone en duda la credibilidad del Estado boliviano, revelando presuntas acciones de corrupción y la infiltración del narcotráfico en las esferas gubernamentales.
El abogado y periodista Andrés Gómez Vela destaca que no se busca romantizar al narcotraficante, pero subraya las serias dudas que surgen en torno a la actuación del Gobierno de Arce. Enfatiza la baja credibilidad y confianza, señalando que una gran mayoría confía más en las declaraciones de una persona acusada de narcotráfico que en las del propio Gobierno.
«El narco Marset juega con la decadente imagen del gobierno boliviano y lo desprestigia más», agrega Gómez Vela, reflejando la preocupación por la imagen internacional del país.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta compara el caso con una serie de Netflix, pero lo interpreta como una maniobra distractora. Sostiene que la revelación de la existencia de Marset, protegido por autoridades desde hace años, surge como una distracción en medio de las tensiones internas en el MAS. «¿A quién le conviene que aparezca este sujeto? Pan y circo para distraernos», indica.
Además, el caso Marset destapa posibles irregularidades en el funcionamiento del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci). El narcotraficante obtuvo un documento sin estar registrado en el biométrico, utilizando un certificado de nacimiento boliviano emitido por el Registro Civil.
Las dudas sobre el destino de las incautaciones en Santa Cruz también generan inquietud, acusando al Gobierno de retener bienes. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostiene que las propiedades de Marset fueron transferidas a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
Las críticas de los asambleístas contra el Gobierno son contundentes. La diputada evista Gladys Quispe señala que «somos una vergüenza, somos el hazmerreír a nivel internacional». Por su parte, el senador Leonardo Loza afirma que «se ratificó que el Gobierno está involucrado en narcotráfico», mientras el diputado Alejandro Reyes (CC) lamenta la pérdida de confianza en el Gobierno, las instituciones y la lucha contra el narcotráfico.