Familiares y víctimas de la Masacre de Senkata, El Alto, llamaron “racistas” a los miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana que el viernes 30 de diciembre se pronunció a favor del expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, por su aprehensión y posterior detención preventiva.
Gloria Quisberth, representante de las víctimas aseguró que el pronunciamiento de la Iglesia Católica es un insulto para los afectados de 2019, quienes exigen justicia por las vulneraciones a los derechos humanos ocurrido ese año.
“Nunca se han pronunciado a favor de nosotros, son racistas, están actuando con racismo y discriminación, cuando ellos deberían ser parciales con la verdadera Iglesia, con su pueblo, con su gente. Ellos nunca se pronunciaron por las muertes, por la violación de derechos humanos. Ellos ahora están ganando un pecado y tienen que pedir perdón de Dios”
Cuestionó la joven que perdió a su hermano en las jornadas de noviembre del golpe de Estado de Jeanine Áñez.
Señaló que contrariamente a lo que indica la Iglesia Católica, la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre, no fue un secuestro ya que él tenía conocimiento del proceso en su contra y de las declaraciones que debía rendir en el caso Golpe de Estado I.
“(Camacho) siempre se ha negado a declarar, tenía que decir la verdad en su momento; pero la verdad tarde o temprano sale a la luz y nosotros lo que pedimos es justicia. Nos parece irracional lo que está haciendo la Iglesia con ese pronunciamiento que dice que hay un proceso injusto, lo que él hizo no tiene olvido, ni perdón”, dijo a Bolivia Tv.
Quisbert es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, una de las organizaciones que representa a los afectados de 2019.
Es hermana de Ronald Quisberth Ticona, quien falleció durante los sucesos de noviembre 2019, según el relato de los familiares, impactado por una bala cuando salía de su casa para cobrar su sueldo.
El viernes, la segunda organización que también representa a los afectados demandó a la Fiscalía iniciar los procesos penales contra los autores y cómplices de los delitos identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como torturas, detenciones y procesos ilegales cometidos en 2019.
Esta organización aclaró que los procesos por los hechos de 2019 tienen tres años de investigación, y que a la fecha “la Fiscalía no ha realizado imputaciones por los delitos”.