El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones ya dejan al menos 15 fallecidos.
La Dirección Regional de Salud comunicó la muerte de siete personas este jueves tras enfrentamientos entre manifestantes y militares en Ayacucho, en el sur del país. Según la Defensoría del Pueblo, al menos dos de los fallecimientos se produjeron en una protesta en el aeropuerto de la ciudad.
Así, el balance de muertos por estas protestas se eleva a 15 personas, justo en el día en que un juez accedió a un pedido de la Fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración, tras un fallido autogolpe de estado el 7 de septiembre.
El magistrado consideró que existe «peligro de fuga» del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.
Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.
«Ya sabíamos lo que se venía (…) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval», dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa apelará.
El exgobernante, un maestro rural de izquierda y origen humilde, pretendía cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
Justificó su decisión en que la oposición no le permitía ejercer su labor y que recibía tratos racistas.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en «flagrancia» cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Fallecidos y enfrentamientos
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
«Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría tras las muertes en Ayacucho.
«Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas», indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Defensoría también reportó 340 heridos hasta el momento, Según la Policía, casi la mitad son de su institución.
«Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho (…) En una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz», comentó en Twitter la gobernante Boluarte.
Más de un centenar de rutas están bloqueadas. El tren al turístico Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, pidiendo su libertad.
«El pueblo quiere que se vayan todos, Dina Boluarte y los congresistas, queremos una restauración para el Perú. Vamos a luchar hasta el último, el profe Castillo no ha hecho nada malo», dijo Rolando Arana, un manifestante de 38 años que llegó hasta el lugar desde Huancavelica (sur).
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman «terroristas».
«Desde el día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos», recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
«Nos vamos todos»
Este jueves, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar el adelanto de las elecciones generales del 2026 al 2023. «Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo», dijo.
El Parlamento inició este jueves el debate para ese fin, lo que requiere de una reforma constitucional.
Mientras tanto, manifestantes también se congregaron en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas. Algunos piquetes en el centro de Lima fueron dispersados con gases lacrimógenos.
«Esto (prisión de Castillo) deja entrever nuestra historia de racismo y clasismo contra los pueblos indígenas, contra el Perú profundo», dijo la profesora Estefania Rivera, de 28 años, natural de Puno, tras conocer la decisión contra Castillo.
«La justicia tiene que ser la misma para todos, pero si le caen 18 meses (a Castillo), está bien. No estoy a favor ni de Castillo ni de Boluarte, Estoy aquí para un Perú mejor», dijo por su parte Jorge Sandoval, un obrero de 26 años.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que este jueves llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.