Bajo la sombra de la prohibición de ingreso a Perú para Evo Morales, la justicia peruana reafirmó la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que data de enero de 2023. La medida se justifica alegando la participación del exmandatario en actividades políticas y proselitistas que violarían las normas migratorias y amenazarían la seguridad nacional y el orden interno.
Evo Morales, a través de su plataforma en redes sociales, arremetió contra la decisión, vinculándola a sus denuncias de un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Pedro Castillo.
Acusó la restricción de ingreso como represalia por alzar la voz en defensa de los derechos humanos y condenar las muertes durante las revueltas del 2022 y 2023.
El senador Leonardo Loza, aliado de Morales, fue más allá al sugerir que la decisión no es exclusiva del gobierno peruano, sino que proviene de influencias externas.
Loza afirmó que esta restricción es parte de una larga historia de marginación y persecución hacia el movimiento indígena y campesino.
Defendiendo el derecho de Morales a coordinar con movimientos sociales a nivel global, Loza destacó que esta determinación no debería sorprender mientras Dina Boluarte esté en la presidencia. Además, negó que Morales se haya entrometido en la política interna peruana, argumentando que Evo nunca ha tomado decisiones en la administración interna de otros países.
Concluyó que esta instrucción política no solo proviene del gobierno peruano, sino de «otros confines del mundo». Cabe destacar que, a principios del año pasado, un informe de inteligencia peruano vinculó a Morales con eventos destinados a desestabilizar el orden interno, lo que fundamentó la restricción de su entrada al país.