Racismo y discriminación, dos ideas y conceptos que podrían ser el mejor instrumento de defensa, o en su contraposición, UN ARMA LETAL, según el fin y concepción que se le pretenda dar. Nuestro país se maneja el término de racismos y toda forma de discriminación, normativamente, desde el año 2010, mediante la Ley Nº 045 que es aplicada en todo el territorio nacional, pero debemos inevitablemente esbozar cuanto menos un par de preguntas entorno a estas tristemente célebres frases o palabras.
Con el atisbo necesario a la realidad nos preguntamos, ¿es bien aplicada esta normativa?, ¿es bien utilizada?. Previo a tratar de dar una ligera respuesta, consideramos oportuno formular las siguientes consideraciones.
Ingresemos en un marco real de objetividad sin alejarnos de los hechos por demás consabidos que se vivieron en épocas pasadas en el mundo, y en particular, en nuestro país. La discriminación que semánticamente significaría:
Trato diferenciado y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas, políticas, religión, etc.
Los hechos vividos en nuestra historia reflejan nítidamente que si se implantó una sociedad con esas características y que marcó una línea de franca oposición a un desarrollo equilibrado y justo en todas sus líneas. Ahora al puntualizar en el término Racismo diremos que es: Ideología que defiende la superioridad de la una raza frente a las demás y la necesidad de mantener aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país.
Ya mencionados los significados de estas palabras, escudriñamos en los hechos que se viven en nuestra actualidad. Si bien en otro hora, las dos argumentaciones citadas eran utilizadas en contra de la gente por parte de quienes arribaron a nuestro continente con el más indolente uso; hoy se ha convertido en una auténtica arma de asedio para ir en contra de la ciudadanía que no comulga con un determinado concepto neoindigenista establecido, es decir; que cualquier aseveración realizada y no sea comulgada por parte del actual sistema, es considerada como un acto abierto de RACISMO y DISCRIMINACIÓN. Esta acción se convierte en una excusa legalizada de actos que van en contra de la libre expresión que el ciudadano puede y debe tener, sin entrar en el campo estrictamente insulto o el menoscabo al prójimo.
Sin embargo, es muy evidente que aquello que resulta cómodo juzgar y encasillar en los “delitos”, es hoy en día la muestra más incongruente de aplicar una normativa en un ilícito favorecimiento a quienes ostentan el (PODER MOMENTÁNEO) , que con un desequilibrio desconmensurado osan tildar al citadino de k·ara, blanquito, imperialista, derechista, golpista, entre tuticuantos adjetivos y sin el más mínimo rubor.
Si el ejemplo lo aplicamos en la inversa, y un ciudadano, sea o no de alguna línea política, preferiría alguna adjetivación de tamaña comparación, sería objeto de un cúmulo de procesos en uso de la norma ya argumentada en líneas anteriores, es más, argumentarían o crearían un a interpretación para que se ajuste al caso concreto, como una especie de JURISPRUDENCIA INEQUÍVOCA.
Es menester reflexionar en el hecho que quienes por azar del destino o por designio nos encontramos en ésta época y lugar, no somos responsables de imposturas pasadas y menos aún de inapropiado ropaje de insensibilidad con que se convivió en lustros anteriores. Lo que corresponde es equilibrar en el hecho de la aplicación igualitaria de la normativa y que la misma llegue a todos y no a quienes convenga con el simple afán de descalificar al que disienta en el pensamiento o sea considerado un peligro para la coyuntura política de un grupo privilegiado.
El desconocimiento de la norma y su correcta aplicación es en si mismo UN ACTO DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN por la simple lógica que todo un país está al amparo del mismo derecho, pero ya es otra cosa que tengamos todos y para todos, la misma justicia.