.Redacción central/
El ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, que es procesado en los Estados Unidos por delitos de corrupción, está agotando sus recursos y estrategias legales, más conocidas en Bolivia como ’chicanas’, con el objetivo de retrasar su juicio, declaró el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
“Es una estrategia legal, en la que busca, (o) tal vez tiene la esperanza, que se revierta la situación que él generó al encabezar una gavilla de delincuentes que se dedicaron a robarle al país (…) La justicia norteamericana, en esos 120 días que amplió, está preparando el juicio”, dijo Chávez en entrevista con Bolivia TV.
Una vez más, la justicia de los Estados Unidos postergó el inicio del juicio contra Murillo por los presuntos delitos de soborno y lavado de dinero para el 23 de mayo.
“Lo que hizo el juez al dar los 120 días adicionales fue para que se prepare el juicio básicamente, tomando en cuenta la situación del señor Murillo, que en Bolivia se diría ‘está chicaneando’ (…) La jugada de Murillo es dilatar”, puntualizó.
Según la apreciación que hizo el Procurador, la intención de Murillo es evitar el juicio y para ello tiene plazo hasta el 2 de mayo, caso contrario deberá someterse ante un jurado de 12 personas y un juez técnico, quienes deberán emitir un veredicto.
Por el mismo caso, otros cuatro imputados ya se declararon culpables y fueron sentenciados, mientras que el ex hombre fuerte del gobierno de Jeanine Añez todavía espera que su situación cambie al llegar el año de su detención, que ocurrió en mayo de 2021.
El ex ministro de Gobierno adquirió un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, pero a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones; se presume que esta compra tiene un sobreprecio de $us 2,3 millones.
A finales de 2020, el exministro de facto huyó a Estados Unidos para evadir a la justicia boliviana; sin embargo, el 23 de mayo fue aprehendido y encarcelado a la espera de su juicio acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.
El exministro Murillo, su exjefe de Gabinete, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld fueron arrestados en Florida y Georgia en la fecha indicada.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los tres norteamericanos habrían pagado 602 mil dólares en sobornos en beneficio de Murillo, Méndez y de otro exfuncionario boliviano no identificado a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y “otros equipos no letales” al Ministerio de Defensa de Bolivia. Según la investigación, estos episodios ocurrieron entre noviembre de 2019 y abril de 2020.