Autoridades y organizaciones sociales de los departamentos de Oruro y Potosí están trabajando en conjunto para agilizar la aprobación de una ley relacionada con la explotación del litio. A pesar de los desafíos que surgieron durante el proceso de socialización del proyecto revisado, especialmente la reciente oposición de los líderes cívicos de Potosí, persiste la posibilidad de continuar el diálogo sobre los puntos en desacuerdo.
El primer paso en la creación de una ley sobre el litio se dio en enero de este año, cuando ambas regiones colaboraron en la elaboración de un proyecto de ley que fue presentado ante el Senado bajo la denominación de PL 094.
La senadora orureña Mery Choque figura como la proponente del proyecto y fue la encargada de realizar consultas al Ejecutivo, que aportó observaciones. Estas observaciones se incorporaron en un documento que se presentó recientemente a los líderes de ambas regiones.
Mery Choque explicó que la nueva redacción del proyecto responde a los acuerdos alcanzados en enero de este año entre los dos departamentos y también a los criterios expresados por el Ejecutivo. El objetivo es contar con una ley que permita la explotación y la industrialización del litio presente en los salares de Potosí y Oruro.
Anunció que las organizaciones que tengan observaciones deben presentar sus propuestas por escrito y expresar sus puntos de vista para que se pueda avanzar en base a los dos consensos: el logrado en enero y la redacción actual.
En cuanto a las observaciones, Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), señaló que se había acordado un aporte basado en las cotizaciones del carbonato de litio en términos de regalías, pero ahora se menciona productos derivados.
Al respecto, el ex presidente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Gunnar Valda, explicó que el proyecto de ley sobre el litio establece regalías basadas en el carbonato de litio, que es un producto terminado. Aclaró que el carbonato de litio es el resultado de un proceso industrial y, al mismo tiempo, es una materia prima que sirve de base para la fabricación de otros productos como las baterías.
En resumen, afirmó que el concepto es más amplio que el mero carbonato de litio, ya que se extiende a las regalías de los derivados, como las baterías de litio y otros productos.
Graz argumenta que se había acordado que la sede administrativa de la empresa de litio debería estar en el lugar con la mayor actividad productiva, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado en relación a la explotación de materias primas. Sin embargo, el proyecto revisado propone a La Paz como sede administrativa, lo que representa un cambio significativo en comparación con lo acordado en enero.
Yamile Cruz, la ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), señaló que el proyecto revisado implica un cambio drástico con respecto a lo acordado en enero.