El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, atraviesa una mala hora. Tras su rechazo al paro cruceño para exigir censo en 2023, se registró en su contra una denuncia de autoatentado en su domicilio, renuncias en su gabinete y dos demandas de procesos revocatorios de su mandato.
El burgomaestre se opuso a la realización del paro de 48 horas convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para exigir al Gobierno que el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debía realizarse en noviembre de este año, sea postergado sólo hasta 2023 y no 2024, como sugirió el Consejo Nacional de Autonomías.
Esa posición le significó una serie de críticas y cuestionamientos a su gestión. Incluso llegó a ser tildado de «traidor», debido a que Santa Cruz encabeza una lucha para exigir un censo transparente y oportuno que tenga lugar durante el primer semestre de 2023.
En el marco de esa demanda, Fernández se reunió con algunas organizaciones con las que rechazó el paro por advertir que es perjudicial para los intereses y el desarrollo económico de Santa Cruz.
Fernández también llegó a ser tildado de «masista», lo que rechazó. «Soy muy respetuoso con todos, pero tampoco voy a tolerar que me falten el respeto. En ese famoso comité interinstitucional me faltaron el respeto, me dijeron de todo, me dijeron masista, traidor y todo lo que quisieron… ustedes creen que me iba a callar, no señores, ni soy masista ni soy traidor ni lo seré, vengo de una buena familia», dijo el hijo del fallecido líder y fundador de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Max Fernández.
En medio de su rechazo al paro cívico de 48 horas, durante el inicio de esta movilización, el lunes, Fernández sufrió un ataque en su domicilio. Desconocidos dispararon petardos apuntando al inmueble de la autoridad edil desde una camioneta blanca.
El Alcalde de Santa Cruz de la Sierra denunció el ataque que había afectado a una de sus hijas que se encontraba en estado de gestación y a una de sus nietas. Pero horas después se reveló que ese motorizado pertenece a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y que estaba cerca de su domicilio horas antes del incidente.
Personal edil, en respuesta a la denuncia, aseguró que el motorizado había sido robado, aunque esa versión no era consistente. El caso aún no fue esclarecido.
A raíz de esa situación, Fernández enfrentó una crisis dentro del gobierno edil cruceño. Él pidió a secretarios y directores que pongan sus cargos a disposición, para que se haga una evaluación y ajustes necesarios. Advirtió que esa tarea debe ser realizada por el bien y la salud de su gestión.
Por ejemplo, ayer jueves, Adriana Pedraza renunció a la Secretaría de Desarrollo Humano, repartición a la que pertenecía la camioneta blanca que había sido utilizada para el atentado a la casa de Fernández. Esa fue una de las cuatro dimisiones que se dieron en los últimos días.
Al margen de esos problemas que enfrentó Fernández, la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Claros, informó que en esa instancia se recibieron dos solicitudes de procesos revocatorios contra el alcalde cruceño, una presentada por Leonardo Roca, de la agrupación ciudadana Nuevo Poder Ciudadano, y la otra por parte de cuatro ciudadanos.
Fuente: LOS TIEMPOS