La Ley 1493 del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 fue promulgada por el presidente Luis Arce. La Gaceta Oficial del Estado publicó el documento de forma oficial el 17 de diciembre.
El presupuesto total agregado alcanza a Bs 317.128.669.031 y el consolidado llega a Bs 243.950.261.888.
“La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2023, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas”, señala el artículo 1 de la ley.
Después de un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el pasado viernes en grande y detalle el proyecto de Ley y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación respectiva. Sin embargo, la norma fue cuestionada por los opositores porque, según reclamaron, es centralista y no prevé la inversión en temas de salud ni educación.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, la diputada Fabiola Guachalla (Creemos) cuestionó la norma y aseguró que es centralista, ya que se destina el 82% de los recursos a las instancias del Gobierno nacional, en desmedro de las regiones.
Sin embargo, el Ministerio de Economía informó que alrededor del 75% de los recursos económicos, sin considerar a las empresas públicas, benefician a los departamentos, a través de transferencias a los gobiernos locales y universidades públicas, el pago de salarios a médicos, maestros, policías y Fuerzas Armadas.
Su colega Erwin Bazán, denunció que, según el proyecto aprobado, habrá un déficit fiscal del 7,49% porque los ingresos son menores a los gastos y no es posible cubrir la próxima gestión fiscal. Advirtió que deberán recurrir a fuentes de financiamiento de créditos internos y externos.
El PGE 2023 proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86%, una tasa de inflación de 3,57%, un resultado fiscal de -7,49% y estabilidad cambiaria.
La norma
La ley faculta la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología (FONDECyT) para las universidades públicas. Esta entidad se encargará de incentivar el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Culturas solventar el costo de pasajes y viáticos de artistas productores de bienes culturales que representen al país en eventos oficiales internacionales, en el marco del reglamento aprobado mediante resolución biministerial.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tendrá la potestad de realizar operaciones de titularización de flujos de caja, destinadas a inversiones en la industrialización de hidrocarburos, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley 3058 de Hidrocarburos y la normativa vigente.
Los recursos de las exportaciones efectuadas por las empresas públicas del Estado y en las empresas tenga mayoría accionaria, deberá ser liquidado a través del Banco Central de Bolivia.
APOYO DEL MAS
Legisladores opositores de Creemos y de Comunidad Ciudadana rechazaron el PGE por ser centralista. En las sesiones de Diputados y Senadores hubo varias observaciones que el MAS no consideró.
Preocupación de magistrados y jueces por el PGE
La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) emitió ayer un pronunciamiento para expresar su preocupación por la precaria asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 que no llega ni al 0,50% del total del gasto estatal.
Tras la sanción de la ley en la Asamblea Legislativa, los magistrados se reunieron en sesión extraordinaria para señalar que el presupuesto asignado vulnera principalmente el acceso a una justicia pronta y oportuna.
Recuerdan que el Órgano Judicial tiene el mandato constitucional de hacer funcionar el aparato de sistema de división de poderes y asume un rol componedor de la sociedad que acude a sus oficinas en litigios judiciales.
Observan “la ausencia de voluntad política” para atender las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, Diego García Sayán, quien sugirió otorgar recursos apropiados para mejorar sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el Órgano Judicial mejore su cobertura en todo el país. Ratifican que la independencia judicial depende de la autonomía presupuestaria, por lo que solicitan el incremento que garantice condiciones del servicio judicial.
Exigen también la restitución de los salarios tras el recorte presupuestario de 2021, del personal del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, tribunales departamentales, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, que está compuesta por ítems distribuidos en 26 niveles de remuneración básica.