A las 19.58 de este jueves, el juez Heber Torrejón determinó que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez no puede gozar de un juicio de responsabilidades o de privilegio por el caso EBA, por lo que el proceso se ventilará en la justicia ordinaria.
Durante una audiencia virtual, Torrejón rechazó el recurso de excepción de incompetencia que presentó la exmandataria; ante ese escenario, la defensa de la exautoridad apeló esa determinación y anunció un proceso por prevaricato contra el juez.
El suscrito juez tercero anticorrupción de la paz (…) declara infundada la excepción de incompetencia en razón y materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez. (…). Esta determinación de carácter jurisdiccional es susceptible de apelación”, afirmó Torrejón durante la parte resolutiva de la audiencia.
Entre los principales argumentos del juez para asumir esa decisión está el hecho de que Áñez “no acreditó de manera documentada”, que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.
En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.
En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).
El año pasado, el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia Institucional, promovieron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue “irregular”, en el entendido que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.
En consecuencia, la Fiscalía imputó a la exmandataria por cinco delitos: nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.
Así, se solicitó su detención preventiva durante seis meses. De manera paralela, Áñez también fue implicada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que también se sustancia por vía ordinaria, fue condenada a 10 años de cárcel, en junio de este año.
En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades y fue procesada por la vía ordinaria, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde juicio de responsabilidades, que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.
Ante esa situación, la defensa de Áñez presentó un nuevo recurso de “excepción de incompetencia”, que esta noche fue rechazada por Torrejón, decisión que allana el camino para que la exmandataria sea procesada en un juicio ordinario.
Esta determinación “es notificada a horas 19.58 quedando notificado el Ministerio Público, la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), el Viceministerio de Transparencia Institucional y la parte imputada”, afirmó el juez, al concluir la audiencia.
Por su parte, Luis Guillén, abogado de Áñez, presentó la apelación a esa determinación judicial, en el entendido que “no responde a lo solicitado en la excepción de incompetencia” y que es “incongruente”.
La expresidenta se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz, donde también aguarda el juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en el que fue denunciada por el delito de terrorismo.
Ese proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Áñez como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, durante los conflictos sociales y políticos, derivados de un presunto fraude electoral, en los comicios generales de ese año.
Según la denuncia, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica.
Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado
La Razón