El arzobispo emérito de Sucre, monseñor Jesús Juárez, dijo que no corresponde esa citación porque en su debido momento la iglesia presentó los descargos de su participación.
Ante la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado (PGE) a la fiscalía de investigar a los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) durante los conflictos de 2019, monseñor Percy Galván advirtió que es un amedrentamiento y persecución política.
“Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país por motivos políticos, claro, con otros pretextos, se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado, si eso se va a extender a la iglesia no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua”, dijo Galván.
En el memorial que fue remitido el 30 de enero al fiscal del caso Omar Mejillones, la instancia estatal solicita que se cite a declarar a las autoridades religiosas en el denominado caso “Golpe I”, por el delito de terrorismo.
En el memorial se encuentra una lista de 10 nombres para que sean convocados, entre ellos está Ricardo Centellas, quien era vicepresidente de la CEB; padre José Fuentes Cano, quien fue secretario General Adjunto; Aurelio Pesoa, quien fue secretario General Episcopal y monseñor Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019.
“Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”, señala el memorial de la Procuraduría.
Tras la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de ese año ante las denuncias de fraude, por las denuncias de irregularidades en las elecciones generales, se generó una crisis política y social desde la CEB se agilizó y facilitó el diálogo entre los sectores en conflicto para pacificar el país.
En ese contexto, el arzobispo emérito de Sucre, monseñor Jesús Juárez, dijo a la ANF de forma escueta que no corresponde que convoquen a las autoridades religiosas, porque en su debido momento la Iglesia presentó sus descargos de su participación.
“Creo que estas citaciones no corresponden, la Iglesia ya puso todos sus buenos oficios a petición y también hizo un documento donde deja claro todo lo que ha sucedido. Que no repitan todo como disco rayado”, resaltó.
El 16 de junio de 2021, la CEB entregó un informe dirigido al papa Francisco y a la Fiscalía General del Estado sobre su participación en la crisis política entre octubre y noviembre de ese año, donde explicaron las negociaciones que se desarrollaron en la Universidad Católica antes de la asunción de Jeanine Añez.
Galván indicó que su actuación se enmarcó en la pacificación del país ante una desprotección por parte de las fuerzas del orden. “Algo teníamos que hacer somos bolivianos, somos hijos de Dios para encontrar una salida. No fue la más perfecta, pero pacificó el país”, agregó.