La revisión hecha por una comisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a las transacciones de Banco Fassil en Santa Cruz, identificaron al menos nueve procesos irregulares de crédito a personas sin solvencia que luego realizaron sobregiros con la aprobación de los ejecutivos de la entidad bancaria, según un amparo constitucional.
El caso más grave es el de María Nicole B. S. A., una joven de 18 años que logró un “OverLimit”, o sobregiro de 1,5 millones de dólares, aproximadamente, cuando su capacidad de pago era de 10.000 dólares.
Sin embargo, hay otros ocho casos que aún no fueron denunciados por la ASFI y podrían comprometer a los beneficiarios”. “De oficio se debía abrir otros ocho procesos por una presunta legitimación de ganancias ilícitas”, informó a Página Siete una fuente oficial de la Policía.
Los antecedentes sobre estas “nueve carpetas” con los trámites de los créditos con sobregiros, que incluyen el caso de María Nicole B.S.A., están en el amparo constitucional que se tramitó en Santa Cruz en febrero de este año, luego de que la ASFI emitiera instructivos para que los ejecutivos regularicen estos procesos de crédito.
El acta de la Acción de Amparo Constitucional, celebrada el pasado 16 de febrero, señala que la ASFI observó nueve operaciones de crédito otorgadas a personas insolventes; los montos con los cuales esas personas se beneficiaron oscilaban entre los 21.000 y 35.000 dólares, al margen del caso de María Nicole B.S.A.
Se conoce que luego de un primer crédito, los supuestos beneficiaron presentaban solicitudes para realizar sobregiros, operaciones ilegales que eran autorizadas por niveles ejecutivos. En ese sentido, el endeudamiento fue incrementándose.
Página Siete consultó sobre este punto a la ASFI, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Parte de las actas del amparo constitucional a las que este medio tuvo acceso, señala que el argumento de uno de los abogados de la ASFI señalaba que “denota y llama la atención a que se otorgue préstamos a prestatarios que no tengan la capacidad económica de devolver”.
“(…) una persona de 19 años que pueda devolver en 30 días esa suma estrepitosa de dinero y cuantiosa, motivo por el cual se ha observado esas operaciones, que en verbo común no pueden justificar el motivo por el cual se ha otorgado tanto dinero a personas que no tienen un aval solvente económico financiero por detrás”, señala el abogado en dicha audiencia.
La Acción de Amparo Constitucional se dio luego de que la ASFI resolviera que el Banco Fassil incurrió en prácticas que ponen en peligro los depósitos del público, contempladas en la Ley 393 de Servicios Financieros. Según el director Ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, los funcionarios del Banco Fassil llegaron a amedrentar a los fiscalizadores con notas y acciones judiciales, que finalmente les fueron rechazadas.
Finalmente, en la Resolución ASFI/109/2023, resolvió que el banco incurrió en la causal prevista en el numeral 5, inciso g del artículo 503 de mencionada ley, que dice: “Que la entidad de intermediación financiera otorgue o mantenga operaciones de crédito, operaciones contingentes e inversiones con prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, o con garantía de sus propias acciones”.
El caso salió a la luz el 14 de marzo, en medio de las denuncias de los clientes de Banco Fassil, quienes no podían retirar su dinero y los cajeros automáticos no estaban en servicio. Entonces, la entidad bancaria, a través de un comunicado, descartó la posibilidad de una quiebra, así como la existencia de un proceso de intervención por parte de la ASFI, hecho que finalmente se dio el miércoles.
“El desmedido ataque de especuladores y rumores ha generado una sobrerreacción de cuentahorristas que procuran retirar sus depósitos en nuestros puntos de atención, con el consecuente desabastecimiento de efectivo y saturación de nuestros sistemas físicos y digitales (…) Nuestro personal está trabajando para restablecer todos los servicios necesarios para la atención de nuestros clientes y usuarios”, decía el comunicado. Sin embargo, en esas fechas el retiro de dinero se limitó hasta 2.000 bolivianos.
Sin embargo, pese a la pelea judicial interna entre la ASFI y Banco Fassil, el director de la entidad reguladora salió a asegurar que los recursos de los ahorristas estaban garantizados y no corrían peligro.
Las fuentes policiales ligadas a la investigación, confirmaron que la ASFI aún no presentó las denuncias por los otros ochos casos de sobregiros, pero prevén que en todos éstos los ejecutivos de Fassil actuaron de la misma forma, usurparon las funciones de los encargados de fiscalizar los requisitos y autorizaron los retiros. En esa línea, los beneficiados con los “préstamos vinculados” pueden ser procesados por legitimación de ganancias ilícitas.
Préstamo pagado
Sobre el caso de María Nicole B.S.A., el abogado de uno de los ejecutivos aprehendidos, Samuel Durán, afirmó que el préstamo no “generó” ningún daño económico a la entidad financiera, debido a que fue pagado.
“El movimiento económico o préstamo no generó ningún daño al banco, es decir, ese préstamo fue pagado. Es decir, no tiene incidencia alguna en el estado del banco en este momento”, remarcó el jurista que defiende a Hernán S., uno de los ejecutivos de la entidad financiera, según Unitel.
La Policía llegó a la casa de María Nicole B.S.A. este jueves y pegó en la puerta de su vivienda una citación formal para que se presente a declarar a la Fiscalía.
Fuente: paginasiete.bo