El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, reveló que en 2019 le dijo a Waldo Albarracín, quien entonces fungía como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que si tenía observaciones sobre la representación de Max Mendoza, era su deber seguir acciones administrativas o legales pertinentes.
Ayer se difundió en redes sociales una nota en la que Waldo Albarracín, quien en 2019 se desempeñaba como rector de la UMSA, se dirige al Ministerio de Justicia con referencia a su participación en la realización del censo carcelario, pero a la vez manifiesta que Max Mendoza estaba “usurpando funciones”, ya que no era miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Para aclarar esta situación, Arce, quien en 2019 se desempeñaba como Ministro de Justicia, publicó en sus redes sociales la nota de respuesta que emitió esa cartera de Estado en la que señala lo siguiente: “Mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que, si su autoridad en calidad de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo ésta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere más pertinentes (sic)”.
Además, en contacto con la ABI, aclaró que el Ministerio de Justicia, tomando en cuenta la autonomía universitaria, no tenía ninguna competencia en el tema.
“Yo no era la autoridad competente para tomar ninguna determinación sobre el señor Max Mendoza, mucho más tomando en cuenta la autonomía universitaria, que es el parámetro fundamental del sistema universitario boliviano, desde el año 1930, algo que nosotros militamos, primero como estudiantes y después, durante 20 años, como docentes universitarios”, sostuvo el embajador.
Remarcó que, si Albarracín o cualquier persona tenía elementos de convicción para denunciar que Mendoza estaba incurriendo en delitos, “su obligación constitucional era presentar, él o las personas que hayan conocido (el hecho), una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es el órgano constitucional de defensa de la legalidad, de defensa de la sociedad y tiene la función de la acusación penal pública”.
También puntualizó que en aquella oportunidad se aclaró que se hizo partícipe a Max Mendoza del proyecto del censo carcelario ya que él había sido acreditado como parte del CEUB, a través de la nota “CEUB SEN 001 N° 545/2018 de 22 de junio de 2019 dirigida a este Ministerio por el Abog. Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala, Presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades y presentante legal de CEUB”.
FUENTE: ABI/