Gerardo García, el vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, que está al mando de Morales, reveló que la administración de Luis Arce ordenó cortar los aportes que los funcionarios públicos realizaban a ese partido
Los cuestionamientos de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza del expresidente Evo Morales, en contra de la administración de Luis Arce crecieron en los últimos meses.
Las denuncias pasaron del supuesto “plan negro” contra el líder del MAS a una “masacre blanca”, es decir, el despido masivo de funcionarios leales al dirigente cocalero.
En las últimas horas, Gerardo García, el vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, que está al mando de Morales, reveló que el Gobierno nacional ordenó cortar los aportes que los funcionarios públicos realizaban a ese partido.
Según el artículo 72 del estatuto del MAS dispone que los militantes de ese partido que ejercen cargos públicos, autoridades electas y designadas deben aportar al partido. Quienes ganan hasta 10.000 bolivianos están obligados a abonar el 1% de su sueldo; por montos entre Bs 10.001 y 20.000, el 2%; y por más de Bs 20.001, el 3%.
Los militantes, funcionarios o autoridades que no paguen corren el riesgo de ser despedidos, según informaron trabajadores a Brújula Digital.
El cálculo de los Bs 51,9 millones por año
Según un informe correspondiente a 2017 al que accedió el portal digital, el monto total de los aportes de los funcionarios de la administración central y empresas estatales arroja una cifra cercana a los 51,9 millones de bolivianos por año, un monto administrado por Morales y otros integrantes del “sector evista” del partido.
Se estima que el monto es superior debido a que no contempla los aportes de los funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni de las Alcaldías y Gobernaciones que responden al MAS, que de acuerdo con la estimación de la fuente del gobierno consultada por Brújula, asciende unos 10 millones de bolivianos adicionales.
Según este cálculo, en la administración departamental y regional trabajan 10.222 funcionarios y en la administración municipal e indígena-originario-campesina, otros 26.077, haciendo un total de 36.299 personas, de las cuales aproximadamente un 50% depende de alcaldías o gobernaciones controladas por el MAS. Ellos también aportan al partido, pero con porcentajes diferentes según cada caso.
El cálculo de los 51,9 millones de bolivianos por año toma en cuenta el informe “12 años de estabilidad económica en Bolivia”, publicado por el Ministerio de Economía en 2018, que da cuenta de 46.330 trabajadores en la administración central y empresas estatales, sin contar con maestros, policías, militares, etc.
De esas 46.330 personas, la fuente a la que accedió Brújula informó que un 83% gana menos de 10.000 bolivianos (38.453 funcionarios) y tienen un salario medio de 5.000. El 1% de ese monto implica 1,9 millones de bolivianos al mes, es decir, 24 millones al año (incluido un aguinaldo).
Por otro lado, un porcentaje de 16% gana entre 10.001 y 20.000 bolivianos (7.415 funcionarios), con una media de 12.000 bolivianos. Un 2% de aporte de ese monto equivale a 1,8 millones al mes (23,1 millones al año, con un aguinaldo).
Finalmente, quienes ganan más de 20.000 bolivianos forman parte del 1% de los funcionarios, es decir, 463 personas. El 3% de sus aportes equivale a 291.000 bolivianos al mes (3,8 millones al año, con 13 sueldos).
Morales dijo en una declaración a la radio Kawsachun Coca en agosto pasado que la cuenta bancaria oficial del MAS tiene nueve millones de bolivianos, una cifra muy por debajo de los 51,9 millones anuales de la presente estimación.
Otro cálculo
El economista y especialista en finanzas públicas Julio Linares, consultado por Brújula Digital, señaló que con cifras actualizadas a 2022, los montos que administra Morales son mucho más altos.
Resaltó que la masa salarial de la administración central, además de las empresas estatales y descentralizadas, alcanzará este año a 7.278 millones de bolivianos, según datos oficiales del SIGEP. El 1,5% de aporte, en promedio, de los servidores públicos subiría a 109 millones de bolivianos anuales