Consultado sobre si serán investigadas otras personas, Del Castillo dijo que ello se encuentra en “reserva” para evitar que estas escapen del país
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que el Gobierno pidió a la Fiscalía ampliar su investigación contra el gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de “cohecho activo” y “seducción de tropas”, en el marco del caso “Golpe de Estado I”.
El titular del Ministerio de Gobierno, preguntado sobre si se ampliará la investigación contra la autoridad cruceña, luego de que el Gobierno exhibiera sus movimientos bancarios durante la crisis política y social de 2019, dijo que “evidentemente, como Ministerio de Gobierno ya hemos presentado los oficios, los memoriales correspondientes al Ministerio Púlbico, para que se pueda ampliar la investigación por nuevos delitos (…), uno de ellos, cohecho activo y, segundo, seducción de tropas”.
“Esta investigación tiene que llegar hasta el final, porque el pueblo boliviano necesita y merece saber qué fue lo que realmente sucedió en nuestro país en 2019. Y si existen más personas que hubiesen adecuado su conducta a algún tipo penal, merecen ir a la cárcel”, dijo del Castillo.
Agregó que en el caso de Camacho, hay “33 indicios” que se adecúan a distintos tipos penales.
Consultado sobre si serán investigadas otras personas, dijo que ello se encuentra en reserva para evitar que fuguen del país.
“Este es un tema que hasta ahora lo estamos manteniendo en reserva. No queremos que otras personas, que están siendo investigadas por movimiento sospechosos durante el golpe de Estado, que hubiesen financiado parte del golpe de Estado, puedan escapar de nuestras fronteras”, avisó.
“Queremos que estos sujetos, de manera voluntaria, se vayan presentando ante las instancias correspondientes, presten su declaración ante el Ministerio Público, y esto nos va a ayudar a acelerar los tiempos, para darle una verdad al pueblo boliviano. El pueblo boliviano merece saber lo que realmente ocurrió en nuestro país en la gestión 2019”, agregó.
Por otro lado, informó que, tras los hechos violentos en Santa Cruz, 88 infraestructuras públicas y privadas resultaron dañadas. Además, dijo que 85 personas fueron aprehendidas en flagrancia. De ese total, 26 ya tienen sentencia y 24 fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.