El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que “no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto mediante un decreto supremo cuando la ley ya ha sido rechazada”
El Gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha descartado la aprobación del reformulado del Presupuesto General del Estado 2023 mediante un decreto supremo tal como plantearon legisladores de oposición.
En ese marco, consideró que “es una prueba de la puesta en marcha de un pacto entre Evo, Camacho y Mesa”.
La autoridad indicó que los mecanismos legales no permiten la aprobación de los recursos desde el Ejecutivo porque “no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto mediante un decreto supremo cuando la ley ya ha sido rechazada”
”Cuando se rechaza una ley, como la del reformulado, más aún, cuando ha llegado a plenaria y ha sido rechazada, esto se tiene que llevar al gestión 2024 – 2025 de noviembre de la siguiente gestión para ser nuevamente perpetrada”, argumentó.
”El pacto que se ha formado para tomar la dirección del Senado hoy se plasma de manera pragmática por el sabotaje que se ha hecho por la megacoalición opositora Evo, Camacho, Mesa”
En ese contexto, dijo que queda claro para el Gobierno que se ejecutó “un atentado para la economía nacional, a la economía popular, a la economía regional, de los municipios, las gobernaciones y las universidades”.
La madrugada de este martes, legisladores del ala “evista” y la oposición rechazaron el Proyecto de Ley “Modificaciones al Presupuesto General del Estado-Gestión 2023”.
En criterio de Montenegro, “92 asambleístas le han hecho daño al pueblo boliviano”. Explicó que debido a la decisión que se asumió en el pleno del Legislativo la norma deberá ser considerada en el periodo 2024 – 2025.
“No obstante, vamos a evaluar posibilidades, pero el daño ya ha sido perpetrado contra la economía del país”, matizó Montenegro.
“Nos estamos quedando sin salud y educación”, advirtió el representante del Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta.
El representante de las universidades públicas también anunció que el sector se declara en emergencia y no se descarta movilizaciones debido a que remarcaron que sus afiliados se quedan sin recursos.