En su justificación sobre el rechazo, el Ministerio Público dijo que ese caso es “atípico” y que “no existe una relación fáctica clara” con la tipificación de ese delito.
La Fiscalía rechazó la denuncia contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el extitular de la Cámara de Diputados Jerges Mercado por supuesto incumplimiento de deberes.
La denuncia fue interpuesta por el movimiento político Búnker Tercera República y tiene que ver con la supuesta inacción de los tres acusados sobre las elecciones judiciales, que fueron desahuciadas para este año.
En su justificación, la Fiscalía afirmó que la denuncia por ese supuesto ilícito es “atípico” y que “no existe una relación fáctica clara, conforme el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”.
“Me acaban de notificar con la desestimación del caso; o sea, nos están rechazando una denuncia (que estaba) tan bien planteada; (era) una denuncia por un delito cometido flagrantemente por parte de la Asamblea Legislativa, por no haber cumplido sus deberes y la doctora Nilda Calle es la que desestima esta denuncia. No nos extraña”, dijo Amilcar Barral, vocero de esa organización, citado en una nota de ÉxitoNoticias.
El tema de las elecciones judiciales causó mucha repercusión, sobre todo en los últimos 10 días, luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la prórroga de su mandato.
La esperada respuesta data del 28 de septiembre, cuando esa instancia admitió la consulta del Tribunal Supremo de Justicia sobre la pertinencia del proyecto de Ley 144, de elecciones judiciales, que tuvo su origen en la consulta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Dicha norma fue aprobada el 31 de agosto en la Cámara de Senadores, previo consenso entre las bancadas de las tres fuerzas políticas.
Ahora, los miembros de la Asamblea Legislativa tienen la tarea de emitir una nueva ley para dar paso a las postergadas elecciones judiciales. Aunque también evalúan un posible juicio de responsabilidades contra los nueve magistrados del TCP por sus determinaciones sobre este proceso.
Fuente: La Razón