Evo Morales solicitó un juicio penal contra los cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo inhabilitaron como candidato a senador por Cochabamba en 2020, calificando su acción como un acto inconstitucional. Esta demanda surge en respuesta a las críticas por su interés en ser indemnizado con más de 1.9 millones de bolivianos, según la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021.
Aclaración de Intenciones
Morales afirmó en redes sociales que nunca buscó compensación financiera por la injusticia sufrida, enfatizando que su reclamo de indemnización es por razones de justicia, no de lucro. El exmandatario recordó su posición previa de no buscar ganancias económicas por este tema.
Antecedentes de la Inhabilitación
El TSE inhabilitó a Morales como candidato a senador por Cochabamba el 20 de febrero de 2020, argumentando falta de residencia. Esta decisión fue ratificada meses después por el entonces presidente del TSE, Salvador Romero. Morales denunció que esta medida busca silenciarlo y afectar su imagen pública.
Disputa sobre la Indemnización
Las declaraciones de Morales sobre la indemnización provocaron respuestas adversas de algunos vocales del TSE, quienes cuestionaron la cantidad solicitada y la consideraron como un intento de enriquecimiento personal. Morales reiteró que su objetivo es buscar justicia y evitar futuras inhabilitaciones políticas por parte del TSE.