El Gobierno afirmó que los cabildos nacionales no tuvieron la adhesión nacional esperada y que una ley de amnistía, que se plantea para los “presos políticos”, vulnera una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia sobre la crisis de 2019.
La convocatoria por la “libertad y democracia” solo tuvo como eje central la búsqueda de impunidad para la violación de los derechos humanos durante los hechos luctuosos que se dieron en las masacres de Senkata y Sacaba, sostuvo la viceminstra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“No se ha logrado la convocatoria, la adhesión que han intentado posicionar, que han intentado también algunos medios de comunicación generar a través de los espacios, a través de las convocatorias y no ha tenido la adhesión nacional”, dijo en entrevista con el canal estatal Btv.
Entre las demandas que se coincidieron en los diferentes cabildos fueron una ley de amnistía para los cerca de 180 “presos políticos” como la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
No obstante, Alcón recordó que la recomendación 10 del GIEI Bolivia pide al Estado: “Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”.
En esa misma línea, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló en Twitter que la amnistía que se solicita es “contraria a la recomendación” del GIEI instancia conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre el planteamiento de la “guardia”, en lugar de la Policía y la Defensoría del Pueblo departamental de Santa Cruz, Alcón recordó que esas propuestas se encuentran al margen de la ley nacional.
De hecho, recordó que la Constitución Política del Estado establece el procedimiento para elegir al Defensor del Pueblo al igual que la Policía y sus funciones dentro del territorio nacional.
“Nuestra Constitución Política del Estado nos dice las acciones y las vías de nuestra normativa, nadie está ajeno a aquello y todos tenemos que cumplir”, sostuvo.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presentó a la Asamblea Legislativa Departamental proyectos de ley de la Defensoría del Pueblo y la “guardia” para que puedan ser aprobados.
Pero el ministro Lima señaló que las propuestas son inconstitucionales y que solo buscan afectar “las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”.