La justicia estableció que Quispe puede ausentarse de su domicilio para cumplir con sus labores como autoridad. El gobernador paceño también tiene prohibido consumir bebidas alcohólicas
Poco después de las 20:00 de este jueves 3 de febrero, la justicia dictó detención domiciliaria y fianza de Bs 70.000 para el gobernador paceño Santos Quispe, tras haber sido acusado por los delitos uso indebido de bienes públicos y obstrucción de la justicia, tema que saltó tras ser encontrado en su despacho junto a nueve personas en una aparente reunión privada donde se consumían bebidas alcohólicas.
Tomando en cuenta que Quispe funge como gobernador de La Paz, desde el juzgado de Anticorrupción determinaron que Quispe puede ausentarse de su domicilio para cumplir con sus labores como autoridad; no obstante, no podrá tener contacto con las personas que estuvieron implicadas en la reunión, ni con las partes denunciantes y tampoco podrá consumir bebidas alcohólicas ni acudir a lugares donde se expendan estas.
El arraigo es otro de las medidas asumidas por el jueza de Anticorrupción. Ante este fallo, la defensa de la máxima autoridad paceña adelantó que se apelará a la determinación.
La Fiscalía imputó al gobernador paceño por los delitos de uso indebido de bienes públicos (dio un uso particular a los ambientes que son propiedad del Gobierno departamental) y obstrucción a la justicia (Quispe tuvo una conducta que impidió que los efectivos policiales realicen sus labores de intervención investigativa), por lo cual se había solicitado tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
En los alegatos se puso en manifiesto que la labor policial fue frenada, tanto así que hubo un forcejeo en la puerta del despacho del gobernador, donde fue protagonista, ya que se encontraba encerrado en el interior junto a sus allegados. En el despacho había música y bullicio de personas previo a la llegada de las fuerzas de seguridad.
Al abrir la puerta por la fuerza se encontró a Quispe en aparente estado de ebriedad, según la acusación, así como 22 latas de cerveza y dos botellas de singani (una vacía y otra a medias).
Por otro lado, la parte acusatoria observó que hubiera sido más sencillo realizar un test de alcoholemia al gobernador, tema al que se negó y que impidió tener este resultado, por lo que no se pudo corroborar tal situación.
Ante la negativa de Quispe, se consideró que hubo una conducta negativa que afecta al proceso de investigación. También se señaló que Quispe es una persona reincidente en cuanto al consumo indebido de bebidas alcohólicas.
Riesgo procesal
Del mismo modo, la Fiscalía señaló que Quispe no tiene un domicilio conocido específico, ya que en su declaración dio una dirección y en la investigación encontraron contradicciones en los datos que aparecen en el Segip, es decir, no se corroboró que Quispe tenga una vivienda fija. No obstante, la observación fue aclarada por la defensa del gobernador.
Esto último conllevaría a que no existiera riesgo de fuga por parte de la autoridad.
Fuente: El Deber Digital