Santa María dijo que el presidente del Senado no remitió esa nómina porque es una forma de avalar la prórroga de las funciones de los magistrados. Además, afirmó que pretenden amedrentar a los parlamentarios y coartar las atribuciones del Órgano Legislativo.
A través del recurso de nulidad que presentaron cuatro senadores del ala ‘arcista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la sesión de la Cámara de Senadores que sesionó en el receso legislativo, pretenden procesar penalmente a los 21 legisladores que participaron en la 31 sesión ordinaria.
“Además, en su documento piden que se incluya en el proceso, seguramente pensando que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, a todos los senadores que asistieron a la sesión, es decir, a los 21 legisladores que asistieron. Piden al TCP que el presidente de la cámara de senadores (Andrónico Rodríguez) presente la lista de los asistentes por haber vulnerado una orden constitucional”, informó a la ANF la segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, Daly Santa María.
El 29 de diciembre de 2023, los senadores Ana María Castillo, Rubén Gutiérrez, Virginia Velasco y Eva Luz Humerez presentaron el recurso directo de nulidad ante el TCP en contra de la convocatoria a sesión del Senado. Esa instancia judicial admitió el memorial y determinó suspender la competencia de Rodríguez y de su directiva, además anular las resoluciones y declaraciones camarales que se aprobaron.
Dos días antes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, instaló la sesión ordinaria con 21 de los 36 senadores, en rechazo a la decisión del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, de aplicar el receso parlamentario pese a que fue rechazado por el pleno del legislativo.
De acuerdo al recurso de nulidad, al que tuvo acceso este medio, los legisladores ‘arcistas’ piden al TCP que Rodríguez remita la lista de los legisladores que asistieron en la sesión cuestionada, ya que estos aprobaron las declaraciones camarales que fueron consideradas como ilegales.
“En ese sentido, solicitamos que inste al presidente de la Cámara de senadores (Andrónico Rodríguez) presente la nómina de autoridades que participaron en la 31 sesión ordinaria de Cámara de Senadores, mismo que todos los actos conexos fueron consentidos por todos los asambleístas”, señala una parte del petitorio.
En ese sentido, Santa María dijo que el presidente del Senado no remitió esa nómina porque es una forma de avalar la prórroga de las funciones de los magistrados. Además, afirmó que pretenden amedrentar a los parlamentarios y coartar las atribuciones del Órgano Legislativo.
A la vez, advirtió de un segundo riesgo, en caso de que el TCP emita un fallo a favor de los ‘arcistas’, los antecedentes del caso deberán pasar al Ministerio Público para que inicie un proceso penal por incumplimiento de deberes.
“Todo esto es una forma de amenaza, de presión para doblar el brazo de los legisladores y obligarnos a validar su autoprórroga. A través de la amenaza judicial nos quieren coartar en nuestras atribuciones. Ahora están sacando varias resoluciones y pronunciamiento en tan corto tiempo, mientras se tiene procesos retrasados”, cuestionó.
El proceso
El 2 de enero, un funcionario del TCP notificó a Rodríguez a través de un cedulón que fue pegado en el ingreso compartido por la Presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, en las instalaciones de la asamblea legislativa. Sin embargo, ese documento fue devuelto porque fue entregado en un lugar erróneo, ya que debió entregarse en el domicilio del legislador, es decir, en Cochabamba.
En ese contexto, Santa María explicó que se presentará los descargos correspondientes ante el TCP, donde se explicará por qué se convocó a sesión del pleno del Senado, tomando en cuenta que el receso parlamentario fue rechazado en una sesión de la Asamblea Legislativa.
A la vez, dijo que el documento será validado por un notario de fe pública, ya que no está dirigido a los actuales magistrados, sino a los que resulten electos de un proceso posterior, porque nombrarlos en el memorial es avalar la autopróroga de sus funciones.
“El documento que se envió está dirigido a los futuros magistrados del TCP, no se está reconociendo a estas autoridades porque concluyeron su mandato, será avalado por un notario. Si nos dirigíamos a ellos, estaríamos avalando su inconstitucional mandato, entonces, al vernos en indefensión futura, se está pretendiendo dejar este memorial firmado por los miembros del directorio”, puntualizó.
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Fuente: ANF