Crece la presión para imponer sanciones más rigurosas contra quienes sean responsables de iniciar incendios.

El ministro de Medio Ambiente y Agua ha anunciado la planificación de modificaciones en la Ley 1333 de Medio Ambiente, las cuales incluirán sanciones más estrictas. Además, se aumentarán las multas.

Existe una creciente presión para imponer sanciones más severas a aquellos que causen incendios. Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino, el cual añadió una enmienda al artículo 206 del Código Penal. Esta enmienda establece una sanción penal de 3 a 8 años de prisión para aquellos que provoquen incendios en áreas protegidas. Sin embargo, la presión aumenta para que las penas sean aún más rigurosas.

Actualmente, el artículo 206 del Código Penal establece una pena de prisión de 2 a 4 años para quienes quemen campos de cultivo o pastoreo, causando que el fuego se propague y dañe la propiedad de terceros.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, ha confirmado esta información y espera que el aumento de las penas contribuya a la reducción de incendios y a sancionar a los responsables. Méndez también ha anunciado que se está planeando una revisión de la Ley 1333 de Medio Ambiente, con el propósito de establecer sanciones adicionales.

Omar Tejerina, director de Gestión Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha informado que se están considerando «sanciones más drásticas» para las personas que hacen un uso indebido del fuego y provocan incendios incontrolables. La multa, que actualmente es de 20 centavos de dólar por hectárea quemada, se incrementaría a 20 dólares.

A pesar de la aprobación del proyecto de ley, en La Paz, uno de los departamentos más afectados por los incendios, se exige un endurecimiento de las penas para quienes causen incendios. La contaminación atmosférica en la región ha alcanzado niveles preocupantes.

En resumen, se están tomando medidas para endurecer las sanciones contra aquellos que provoquen incendios en áreas protegidas, con el objetivo de mitigar estos desastres ambientales y responsabilizar a los infractores.

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