El abogado constitucionalista Antonio Espinoza catalogó la “autoprórroga” de los altos cargos judiciales, definida en la resolución 0049/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como un “un golpe judicial, artero a la democracia”. Los Juristas Independientes coinciden en que se incurrió en prevaricato.
“Va contra la Constitución Política del Estado, que pone un parámetro de seis años para el periodo de mandato de estas autoridades judiciales y ellos a través de una interpretación, como guardián de la CPE, violan este parámetro”, explicó Espinoza a UNITEL.
El TCP declaró la mañana de este martes por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.
Con ello, la resolución 0049/2023 dispuso que las autoridades actuales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen nuevos comicios.
El experto lamentó además que no exista una fecha marco. Es decir, que la prórroga esté abierta. “Ellos son juez y parte a la vez, porque ellos mismos se prorrogan el mandato y lo peor es que no ponen una fecha”.
Alertó que los magistrados pueden incurrir en delitos penales, como el incumplimiento de deberes.
“Es una acción prevaricadora, lamentablemente. Se está cohibiendo a la ciudadanía de elegir a magistrados, ya sean idóneos, para la recomposición”, subrayó.
Asimismo, el abogado Juan Del Granado, representante de los Juristas Independientes y exlíder del extinto Movimiento Sin Miedo, coincidió en que se tipifica la prórroga como prevaricato.
“Han fallado en contra de la ley en contra de la Constitución, que es lo que tipifica el prevaricato. Han cometido otro acto delincuencial, que seguramente va a quedar en la impunidad”, aseveró Del Granado.
Los Juristas Independientes lamentaron que no exista una reforma de la justicia, que transforme la situación actual de la Justicia Boliviana.
Fuente: Unitel