La comisión de Justicia Plural considera que no existen “pruebas que respalden que Jeanine Áñez haya sido designada presidenta constitucional en 2019”
Luego de casi un año y medio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las tres proposiciones acusatorias en contra de la expresidenta Jeanine Áñez para juicios de responsabilidades serán devueltas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Así decidió la Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, este martes, en su segunda sesión ordinaria, debido a la “inexistencia de pruebas que respalden que Jeanine Áñez haya sido designada presidenta constitucional en 2019”.
“La Comisión aprobó remitir la documentación para que argumenten, suplan y puedan complementar pruebas suficientes, para que esta Comisión pueda aprobar o no un juicio de responsabilidades”, explicó el presidente de la Comisión Mixta, Luis Flores (MAS), citado en una nota institucional.
Según el informe técnico legal de la Comisión, que expuso Flores en la misma nota, el Ministerio Público no pudo acreditar “la condición de presidenta del Estado Plurinacional de la ciudadana Jeanine Áñez (…) la Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado (…) no puede cubrir la ausencia identificada por lo que se encuentra imposibilitada de seguir con el trámite correspondiente”.
Las proposiciones acusatorias serán devueltas a la Sala Penal del TSJ, que dispondrá que el Fiscal General del Estado se pronuncie sobre las observaciones de la Comisión, agregó Flores, al recalcar “que no existe prueba ni fundamentación alguna en la documentación que tenemos en este momento”.
También resaltó que la Asamblea Legislativa no puede complementar las pruebas del Ministerio Público. “No somos entidad investigativa, nosotros no podemos complementar los documentos presentados y las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, apuntó.
En agosto de 2021, el TSJ remitió al Legislativo tres proposiciones acusatorias emitidas por la Fiscalía General del Estado por los casos del crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 200 millones de dólares aprobado en la gestión de Áñez, la concesión del Servicio de Registro de Comercio a Fundempresa para el registro mercantil de 15 años y la emisión del Decreto Supremo 4200 que vulneraría la libertad de expresión durante la cuarentena por el covid-19.
Por estos casos, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía emprender el proceso para juicio de responsabilidades contra Áñez.