Cainco denuncia que el Gobierno frena el uso de gas a las industrias para enviarlo a mercados externos

“Están negando a las industrias del país a que se autogeneren energía eléctrica con el gas natural”, exhibe un comunicado de Cainco, tema establecido en un decreto supremo que no fue debatido

“A través del Decreto Supremo 4794, el Gobierno venderá el gas de los bolivianos a países vecinos, sin asegurar el consumo interno”, fue la denuncia lanzada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) este miércoles, sacando a relucir que se restringe que el sector industrial se autogenere energía a partir del gas natural para priorizar la exportación.

Dicho decreto establece que los usuarios de redes de gas que cuenten con equipos de generación de energía eléctrica de respaldo (contempla a industrias), podrán utilizar complementariamente el gas natural en la generación eléctrica, sólo en caso de existir fallas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Además, la nueva normativa determina que “los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la categoría industrial serán destinados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el mercado que genere mejores ingresos al Estado”.

En este contexto, Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco, denunció que -con la disposición- YPFB tiene la libertad de enviar el gas a mejores compradores, es decir, mercados externos como Brasil y Argentina, desde donde pagan más recursos por esta materia prima.

“Mediante el Decreto Supremo 4794, el Gobierno dispuso un plazo mínimo a nuestras industrias, para que se conecten al SIN. En palabras simples, para que tengan su energía eléctrica por el tendido eléctrico convencional. Esto no fue consultado con el sector empresarial y desconoce todos los esfuerzos e inversiones del sector, que creyó en el compromiso del Gobierno desde el 2014”, lamentó Strauss.

¿Qué pasó en 2014? Ante la aparición de una crisis energética, el emitió el decreto 1996, el cual daba luz verde para que las industrias inviertan en plantas de generadores y otras tecnologías modernas para la autogeneración de energía eléctrica a través del gas natural, tema que dio lugar a una fuente de energía estable y continua, sin cortes de electricidad por el alto consumo, asunto que también dio certezas a los hogares.

Política económica estatal

Desde Cainco advierten que el Gobierno está obligado a garantizar el consumo y mercado interno del gas de manera permanente e ininterrumpida para el consumo industrial y doméstico -tal y como se da con todo otro producto o materia prima nacional- como lo establece la Constitución, la Ley 3058 “Ley de hidrocarburos” y la Ley 3740 “Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”.

La Constitución señala que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas.

Además, la Ley expone que el Estado debe garantizar la atención del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida, considerando el consumo doméstico, comercial e industrial y el transporte. Asimismo promoverá las iniciativas de industrialización de los hidrocarburos en el país.

“Incluso, quitarnos el gas para autogenerarnos energía contradice la política de ‘industrialización con sustitución de importaciones’, establecida en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 del Gobierno Nacional, promulgada mediante la Ley 1407. En vez de impulsar la industrialización lo único que logran es disminuir la fuerza y estabilidad de las industrias formales que siguen apostando por el país”, sostuvo el ejecutivo.

Consecuencias

El ente empresarial también considera que negar a las industrias el uso de gas natural frena la reactivación y fomenta el contrabando, así como también apunta que esto puede generar inseguridad jurídica y ahuyentar las inversiones que requiere el país.

“El gas debe seguir siendo de los bolivianos y de nuestras industrias. Es un derecho constitucional y por eso el Gobierno debe asegurar el consumo interno del país antes de vender nuestro recurso a países vecinos. No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos, sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia”, sentenció Strauss.

Ante este escenario, el sector pide que se permita a las industrias seguir autogenerándose de energía con gas natural, reconocer las inversiones y esfuerzos que hicieron las familias empresarias y retomar las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, para asumir compromisos que permitan a las empresas seguir contribuyendo a la reactivación económica.

Para conocer la postura del Gobierno, UNITEL buscó la palabra del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; sin embargo, desde la entidad informaron que este se encuentra en una reunión de gabinete.

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