Las federaciones de mototaxis y trabajadores balseros cumplen este domingo la segunda jornada de bloqueo de caminos en la carretera y del puente Ivón que vincula la ciudad de Riberalta con el resto del departamento, exigiendo al gobierno la liberación de 57 personas, entre ellos, indígenas tacanas, acusados por el Ministerio Público de explotación de minería ilegal.
La medida se inició el sábado por la tarde y ha continuado este domingo, mientras se hace el recuento de daños materiales que ha sufrido el aeropuerto de Riberalta por parte de ciudadanos que reaccionaron ante el traslado de los detenidos luego del mega operativo desplegado por el Ministerio de Gobierno, según reportó radio San Miguel de Riberalta de la red Erbol.
Se informó que la medida de presión alcanza a la carretera que vincula Riberalta con las poblaciones de San Rosa y Guayaramerín y no descartan asumir un bloqueo de caminos de manera indefinida, hasta que el gobierno libere a los detenidos, a quienes amenazó sancionarlos con 8 años de cárcel.
Los pobladores advirtieron con la toma de instituciones públicas porque la actividad minera es complementaria al trabajo de moto taxistas, al margen de que hay varias familias preocupadas por sus seres queridos que fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde serán sometidos a audiencia de medidas cautelares.
En las últimas horas, la Organización Indígena Tacana de la Amazonia (OITA) envió una carta al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exigiendo liberar a seis de sus miembros que, en su criterio, fueron engañados por los presuntos propietarios que los llevaron con el argumento de que la actividad minera era legal.“Pedimos a su autoridad profundizar las investigaciones hasta dar con los propietarios de las balsas que se dedican a la explotación ilegal de los minerales existentes en los ríos de la AmazonIa del país, principalmente en el Madre de Dios, y que son responsables directos por la vulneración a nuestros derechos y por la que generan impactos a la vida de las comunidades”, dice parte de la carta de los indígenas enviada a Del Castillo.
El mega operativo destruyó cerca de 57 dragas que operaban en el río Madre de Dios, decomisó armas y envases de mercurio que utilizaban para colectar oro de las operaciones de explotación minera.El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el mega operativo realizado en el municipio de Riberalta surgió en reportes de Inteligencia que llegaron el 30 de junio a esa cartera de Estado y a partir de estos datos solicitaron información a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para saber si cumplían los requisitos pre establecidos.
«La AJAM nos responde el pasado 5 de julio manifestando que toda la minería que existía en la comunidad Candelaria y Miraflores, era ilegal, por tanto, era nocivo para la vida y la integridad de todas las futuras generaciones que se encuentran asentadas dentro esta parte del territorio nacional», declaró al canal estatal.
Del Castillo aseguró que como Ministerio de Gobierno presentaron denuncia ante el Ministerio Público, se abrió todo un proceso y se iniciaron todos los operativos de Inteligencia lo que permitió destruir 27 dragas y afectar por un valor de 1.5 millones de dólares a estas actividades ilícitas y la aprehensión de 57 personas.
Explicó que ahora el trabajo del Ministerio Público y la justicia boliviana es individualizar la conducta de cada una de estas personas y saber si existía explotación laboral y cuál es la relación de todas estas personas en toda la actividad ilícita.
Aclaró que, si bien este operativo se desarrolló por iniciativa del Ministerio de Gobierno, hay otros ministerios de Minería, de Medio Ambiente y Aguas, de Salud que serán los encargados de conformar una mesa de trabajo para evaluar todos los impactos negativos que tiene la minería ilegal o nociva para el pueblo boliviano y la Madre Tierra.
En relación a los detenidos en Riberalta, dijo que el cien por ciento son bolivianos, 54 varones y tres mujeres a quienes se les ha respetado todos y cada uno de sus derechos desde el momento de su aprehensión hasta su puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes, indicó.
Precisó que, una vez detenidos en Riberalta, fueron trasladadas a Cobija y posteriormente llevados a la ciudad de La Paz, donde se les brindó alimentación, salud y se atendieron todas y cada una de las necesidades de las personas privadas de libertad, por tanto, se comunica que no se han transgredido sus derechos.
La autoridad manifestó que ahora hay que esperar que la justicia ordinaria defina la situación jurídica de las personas.
Fuente: Los Tiempos