El 22 de octubre, el Comité pro Santa Cruz, instituciones y autoridades, entre ellos Camacho iniciaron el paro indefinido que duró 36 días porque exigían al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda se ejecute el 2023.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que si el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no vuelve a presentarse en la Cámara Alta para prestar su informe por el paro indefinido de 36 días activarán un proceso penal.
El jueves 15 de diciembre, Camacho debió presentarse en el Senado para dar a conocer su informe oral ante los legisladores, pero a pocos minutos de que inicie la sesión, envió una carta desconociendo la facultad del Órgano Legislativo para fiscalizar a través de sus cámaras a los gobiernos autónomos departamentales y municipales.
«Desde la Cámara de Senadores se va encaminar la conminatoria o activar por la vía penal porque está incumpliendo con su deber o autoridad pública, desde esta instancia se procederá después de que se cumpla los pasos o se va a agotar todas las instancias en la Cámara de Senadores”, informó Rodríguez la mañana de este miércoles.
El 22 de octubre, el Comité pro Santa Cruz, instituciones y autoridades, entre ellos Camacho iniciaron el paro indefinido que duró 36 días porque exigían al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda se ejecute el 2023.
En esos días de paro indefinido cuatro personas perdieron la vida en diferentes circunstancias y hechos. También se perpetraron robos, ataques, cobros de peajes. Los grupos afines al Gobierno salieron en una contramarcha y la violencia se tornó cada vez más fuerte.
Las organizaciones afines al MAS y el Gobierno responsabilizaron por estos hechos a Camacho, al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo; al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
Una de las peticionarias es la senadora de Oruro Mery Choque y a ella se habría unido otros legisladores. El presidente de la Cámara de Senadores informó que se volverá a enviar el requerimiento para que se presente.
“Tanto perjuicio millonario, pérdida económica del sector público y privado, violación de los derechos fundamentales y nadie dice nada, cualquiera se aventura en hacer este tipo de movilizaciones llegando a extremos, no hay instancias que puedan pedir información, por supuesto responsabilizar, se tiene que responsabilizar por los hechos”, manifestó.