La Paz, 18 mar 2021 (ATB Digital).- Los aprehendidos por el Ministerio Público en el caso golpe de Estado que permanecen privados de libertad, se encuentran en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y tratados internacionales de Derechos Humanos, señala una nota de prensa del Ministerio de Justicia.
El cumplimiento de estos requisitos ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.
“Al respecto, la información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Pública”, señala el documento de la CIDH.
La Comisión también señala que la Fiscalía General “hizo público que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas en atención a la ley y sin que se hayan vulnerado los derechos de las personas detenidas”.
Prevención
De acuerdo con información de la Dirección de Régimen Penitenciario, los aprehendidos en este caso, han sido recibidos en los recintos con estrictas medidas de prevención como parte del Plan de Contención Frente al Coronavirus.
Según este protocolo, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos colaboradores, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, cumplen con un procedimiento que consta en una revisión médica permanente durante 14 días como mínimo.
Respecto a Áñez, esa instancia ha establecido que en cuanto manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada, segúcn ABI.
La Dirección de Régimen Penitenciario verificó con la abogada de la interna y la representación de la Defensoría del Pueblo que no era necesario algún traslado a una clínica.
En ningún momento se han restringido los derechos a comunicación de los internos ni el contacto con sus abogados y se cumplen todos los pasos y requisitos de un debido proceso.
(ABI)