Se presentó como un avance en la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres, pero los primeros pasos en España de una nueva ley del gobierno de izquierdas se tradujo inesperadamente en excarcelaciones, rebajas de penas y en una polémica colosal.
Desde que el martes se conocieron los primeros casos, ha habido ya casi una quincena de condenados que vieron sus penas reducidas, de los cuales cuatro salieron excarcelados, según la prensa española.
Entre ellos, un hombre que agredió sexualmente a su hijastra menor de edad, cuya pena se redujo de ocho a seis años de cárcel, o un profesor que mantuvo relaciones sexuales con alumnos adolescentes a cambio de drogas, y al que una rebaja de seis años le permitió salir en libertad. Simultáneamente, se rechazaron otras muchas demandas.
La “Ley de garantía integral de la libertad sexual”, que entró en vigor en octubre, se presentó como un logro del sector más feminista del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en concreto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos.
Esta nueva ley endurecía el arsenal jurídico contra las violaciones eliminando los “abusos”, más leves, e integrando todos los delitos sexuales en la categoría de “agresiones”. A cambio, y para que hubiera proporcionalidad, se modificaron las horquillas de penas.
Así, aunque las penas en delitos como las violaciones en grupo se endurecían, todo condenado por una agresión sexual a la pena mínima de ocho años, la ha visto rebajada a seis.
Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía justificó una rebaja de condena porque, con la nueva ley, la pena imponible es “la misma en el límite máximo pero dos años y medio inferior en el mínimo”.
Jueces “machistas” y “fachas” –
Para la ministra Irene Montero, “el problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley” por “machismo”, dijo a la prensa, abogando por mejorar su “formación”, mientras el diputado de su partido Javier Sánchez Serna llamaba a los jueces “fachas con toga”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en representación de los jueces, expresó su “más firme repulsa” a estos “intolerables ataques”, y recordó que en febrero ya advirtieron, cuando la ley se estaba tramitando, de que comportaría “la revisión” de condenas.