Se obligó a que el presidente electo Evo Morales renuncie, luego de la advertencia por parte de los militares y los policías.
.Redacción central/ Especial/
Distintos actores políticos de derecha, tanto internos como externos, fueron los artífices del golpe de Estado que terminó con 34 años de democracia en Bolivia e instauró un gobierno de facto que autorizó el uso de la violencia causando la muerte de más de 38 personas.
El golpe, como develó recientemente Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió asesoramientos de terceros, a lo que se suman otros actores e incluso países afines a la derecha que coadyuvaron con el envío de armamentos para reprimir al pueblo boliviano.
Con anticipos de un discurso de supuesto fraude electoral y anuncios del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de no acatar los resultados, los bolivianos acudieron el 20 de octubre a las urnas para elegir presidente. Evo Morales Ayma ganó las elecciones con el 47,08% y Mesa logró el 36,51%, resultado que otorgaba una victoria de más de 10 puntos y con apenas unas décimas evitaba tener que ir a segunda vuelta.
Esto generó un clima de confusión azuzando a la gente acusando de fraudulento al proceso eleccionario apoyado por una OEA parcializada.
Empezaron las infundadas manifestaciones que derivaron en un paro indefinido con bloqueos y marchas.
El 25 de octubre, Morales fue declarado ganador de las elecciones con el 100% de las actas computadas, consiguió una diferencia de 10,55% frente a su inmediato contendiente.
El rechazo de Mesa a los resultados levantó mayores protestas en todo el país hasta que el 30 de octubre en Montero, a 60 kilómetros de Santa Cruz, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48, murieron a consecuencia de heridas de bala.
Al día siguiente, la OEA inició la auditoría sobre el recuento de votos.
Entonces, Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, radicalizó a la oposición y junto a su padre cautivaron al Ejército y a la Policía para abandonar al Gobierno constitucional y causar un motín policial y militar.
El 6 de noviembre se registró la tercera muerte, fue Limberth Guzmán, de 20 años, y Camacho quiso entregar al presidente Morales una carta de renuncia para que la firmara. Entonces, protegido por policías el cívico decidió quedarse en La Paz hasta lograr la renuncia de Morales.
Dos días después, tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y al siguiente día el motín había tomado Bolivia. El Gobierno descartó una operación militar contra los sublevados.
Para reducir el impacto de dejar al país sin las fuerzas del orden, el Presidente llamó a un diálogo abierto; hasta entonces se incendiaron las casas de dirigentes del MAS y autoridades de Gobierno.
RUPTURA DEMOCRÁTICA
El 10 de noviembre fue un día descollante para la democracia, por la mañana la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar con claro sesgo intencional. Morales convocó a nuevas elecciones en Bolivia y a un cambio total del órgano electoral después de que la Central Obrera Boliviana, la Policía y el Ejército pidieran la renuncia del presidente Evo Morales.
A las 18.00, Morales decidió dimitir a su cargo para pacificar al país, evitar más muertes y proteger a los bolivianos de un conflicto armado por la derecha neoliberal.
El 11 y 12 de noviembre de 2019, según la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), se reunieron representantes de la Unión Europea y de la Embajada de España, la cúpula de la Iglesia Católica y líderes políticos de frentes con representación legislativa como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que derivó en la autoproclamación de Añez.
AÑEZ
La exsenadora por Demócratas Jeanine Añez admitió que violó el Reglamento de Debates de la Cámara Alta y la Constitución Política del Estado para asumir la presidencia de facto en octubre de 2019, previa coordinación con los jefes opositores Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, representantes de la Iglesia Católica y de la Unión Europea.
La afirmación se desprende del acta de declaración de la denunciada de 18 páginas con respuestas a 30 preguntas formuladas por el Ministerio Público en el marco del caso Golpe de Estado, preguntas planteadas entre el 7 y 8 de junio de 2021 en el centro penitenciario de Miraflores, en la ciudad sede de gobierno.
A la consulta: “¿Diga usted si su persona fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de ser así a partir de cuándo y hasta cuándo, y si conoce las funciones que le atribuyen en relación al cargo mencionado?”, Añez respondió los pormenores que se registraron en ocho páginas, donde se contemplaron contradicciones que muestran su culpabilidad.
Recientemente, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso las razones jurídicas por las que la expresidenta de facto Jeanine Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades a raíz de la firma del Decreto Supremo 4078, que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.
“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos”, dijo.
Explicó que, en el marco del principio de verdad material, es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades por las masacres cometidas durante el gobierno de facto, lo que no significa que se reconozca la permanencia de Añez en el Palacio Quemado como constitucional.
Juicio ordinario por el caso Golpe de Estado II
En la recta final de este marzo otoñal, tres hechos vinculados a la exsenadora Jeanine Añez, que el próximo lunes enfrentará el inicio de un juicio ordinario, abren las heridas de los sucesos de 2019 en la conciencia colectiva boliviana.
En el primero de ellos, el gobierno de Luis Arce y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) por las masacres de 2019.
El 15 de noviembre de ese año, a tres días de autoproclamarse presidenta, en el desarrollo de intervenciones militares para aplastar protestas ciudadanas, murieron 11 civiles en Sacaba y otros 120 resultaron heridos.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fallecieron y 78 resultaron heridos. La CIDH calificó ambos acontecimientos como masacres.
El segundo hecho vinculado esta semana al régimen de Añez se registró cuando el Ministerio Público declaró a su exministra de Comunicación Roxana Lizárraga en rebeldía por no presentarse a declarar por la internación ilegal de armamento no letal desde Ecuador, cuyo presidente, Lenín Moreno, autorizó el envío.
Y para el lunes 28, el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz tiene previsto iniciar el juicio oral contra Añez, el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor de la Policía por el caso denominado Golpe de Estado II.
El caso Golpe de Estado II se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma inconstitucional.
El abogado Macelo Valdez, de la parte acusadora, dijo a la televisora privada ATB que pedirá 20 años de reclusión para Añez y recordó que en este caso los excomandantes Gonzalo Terceros, de la Fuerza Aérea, y Palmiro Jarjuri, de la Armada, fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente. (ABI)
FUENTE: Ahora El Pueblo Digital/