El Gobierno boliviano ha promulgado un decreto supremo que endurece las sanciones por contrabando de alimentos, estableciendo penas de hasta 14 años de prisión.
Esta norma reglamenta la Ley 100 y busca frenar la salida ilegal de productos esenciales, protegiendo la estabilidad de precios de la canasta básica. El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, explicó que la nueva ley modifica el artículo 181 del Código Tributario y sanciona el transporte o intento de exportar alimentos sin los requisitos legales, además del decomiso de mercancías e instrumentos.
Medidas complementarias
Se implementará un sistema de control en las zonas fronterizas con la creación de una lista de productos sujetos a vigilancia, como arroz, azúcar, carnes y verduras. También se emitirán Certificados de Abastecimiento en Áreas Fronterizas para asegurar el suministro de alimentos y prevenir desabastecimientos. Se creará un Registro de Proveedores Únicos para organizar la distribución en regiones fronterizas.
Controles adicionales
El Ministerio de Defensa abrirá oficinas del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en zonas limítrofes, mejorando la supervisión. Estas medidas no afectarán a los residentes que transporten pequeñas cantidades para consumo doméstico ni a las exportaciones formales.