Las historias más trágicas detrás de los feminicidios que enlutan a Bolivia

El delito de feminicidio se sanciona con presidio de 30 años, sin derecho a indulto, según el artículo 252 bis del Código Penal. 

Ludy, Eulalia, María, Silvia, Lilian, Cleofe, Juana, Rosana, Mónica, Nayeli, Beatríz, Margarita, Gina, Judith, Balbina, Edith Yessie, Vilma, Isabel, Lilian, Elsa, María Lourdes, Avanja, Lizeth y Mary Jenny son los nombres de algunas mujeres silenciadas, víctimas de crímenes que ocurrieron o se descubrieron este 2021.

El Ministerio Público ha registrado 61 feminicidios en toda Bolivia, del 1 de enero al 5 de julio de este año. Las mujeres han perdido la vida, en su mayoría, a manos de sus esposos, concubinos, exparejas o enamorados, asfixiadas, a golpes, apuñaladas o a balazos. Algunas víctimas han sido violadas antes de que les arrebataran sus sueños y otras fueron halladas bajo tierra, y sus restos óseos sometidos a estudios para confirmar su identidad, mientras sus familias han vivido un “calvario”.

A VISTA DE TODOS

Vilma Flores, de 25 años, fue degollada, con un cuchillo carnicero, por el padre de sus dos hijos en las afueras de un supermercado de Santa Cruz. Su muerte fue uno de los crímenes que más conmocionó a los bolivianos.

La joven, nacida en Aiquile, uno de los 47 municipios de Cochabamba, dejó su pueblo y se mudó a Santa Cruz en busca de oportunidades, hace una década. Ahí, conoció a Marcelino M.A., quien le prometió amor eterno, pero se convirtió en su verdugo. Fue enviado preventivamente, por seis meses, al penal de Chonchocoro, mientras se colectan todas las evidencias para el juicio.

Vilma y Marcelino vivían en alquiler en una vivienda de la Radial 17 ½, donde también alquilaron unas tiendas. A la joven aiquileña le gustaba la cocina y montó un restaurante para mantener a sus dos hijos (de dos y seis años). Su pareja, de 39 años, era violento con ella y sus pequeños, y por eso rompió su relación al menos un año antes de su muerte. Seguían bajo el mismo techo, pero no compartían habitaciones. 

Vilma denunció a su expareja tres veces por violencia familiar y doméstica; la última demanda la puso dos semanas antes de su muerte, cuando Marcelino la golpeó a ella y a su madre dejándolas con siete y cinco días de impedimento. Esa vez, el hombre fue detenido, pero liberado a las ocho horas. Él debía desalojar la vivienda y tenía prohibido acercarse a la víctima, pero nadie hizo cumplir esa disposición para cuidar la vida de la joven madre.

El 4 de abril, su exconcubino compró el cuchillo carnicero, con el que segó su vida, mientras la seguía por todo el supermercado. La joven se percató de la presencia del hombre, cuando se disponía a abandonar el lugar, y llamó a su hermana para contarle que Marcelino la estaba vigilancia. Ella creyó que él no iba a hacerle nada “a vista de todos”. Sin embargo, el feminicida se aproximó y sorpresivamente la tomó del cuello estando ella de espaldas. Sacó el arma y le realizó cortes en el cuello hasta que Vilma cayó al piso, donde la apuñaló unas tres veces más para asegurarse de que estuviera muerta.

El feminicida es el exconviviente en el 3.55% de crímenes, según un Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto, donde revisaron 173 procesos penales por delitos de feminicidio abiertos en el periodo 2018 – 2020 (agosto). 

En el 28.40% el autor es el cónyuge, en el 24.85% el conviviente, en el 13.61% otra pareja sentimental, en el 5.33% la expareja sentimental, en el 3.55% un familiar, en el 1.18% el ex cónyuge, en el 1.18% el compañero de estudios, en el 0.59% el compañero de trabajo, en el 10.06% tenía otra relación y en un 7.69% es un desconocido. 

A DOS CUADRAS DE LA CASA

Balvina Flores, de 33 años, desapareció el 14 de febrero de este año. Ese día, salió de su vivienda para ir a ver a sus hijas a la casa de su expareja Gonzalo C., en el barrio 2 de Mayo de Tarija. A los 77 días de búsqueda, sus restos óseos fueron hallados enterrados en una quebrada seca ubicada a casi dos cuadras del domicilio del padre de sus niñas, el domingo 2 de mayo.

Su familia no descansó un solo día en la búsqueda. El presunto feminicida decía que su expareja probablemente había viajado. La madre de Balvina soñó con ella y asegura que le dio pistas para hallarla tras remover piedras en el río. “Ella estaba vestida de blanco, me abrazaba y me decía que estaba detrás de la casa de su expareja”.

También recurrieron a videntes, quienes afirman que también les dijeron que fue asesinada, pero ellos mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

CEMENTERIO DE MUJERES

Mónica Olmos, Nayeli Lizarazu, Beatriz García y Margarita Maldonado, de entre 19 y 30 años, son las cuatro víctimas encontradas en fosas de Tres Arroyos, una zona turística del municipio de Villa Tunari (Cochabamba), entre el 10 de febrero y el 1 de marzo de este 2021. Todas estaban desaparecidas desde distintas fechas; el caso más antiguo es de agosto de 2017.

La familia de Mónica tuvo un papel importante en el descubrimiento del “cementerio de mujeres”. Estaban decididos a buscarla por “cielo, mar y tierra”, pese a que estaban siendo amenazados.

La joven, de 25 años, que fue reportada como desaparecida del sindicato 40 Arroyos la noche del 20 de diciembre de 2020, fue encontrada enterrada en Tres Arroyos a los 52 días de búsqueda, el 10 de febrero. 

La pesadilla no acabó con ese hallazgo. A los 14 días, encontraron los restos de Nayeli, de 19 años, a unos 10 metros de la fosa donde hallaron a Mónica. Ella estuvo desaparecida un año y nueve días, desde el 15 de febrero de 2020.

Su familia buscó en la misma zona tras enterarse que Omar Fernández, de 27 años, fue sentenciado por la muerte de su prima Mónica. Reconocieron al feminicida como amigo de Nayeli y sospecharon que pudo hacerle lo mismo, y de esa manera hallaron sus restos.

El condenado reveló que había dos víctimas más en esa zona. El 1 de marzo, dieron con los restos de Beatriz y Margarita; la primera desaparecida desde el 11 de agosto de 2017 y la segunda desde septiembre de 2019.

Beatriz, madre de un niño, salió a la tienda la tarde del 11 de agosto de 2017 y no volvió más. Sus parientes llegaron a pensar que se fue a otro país. Las jóvenes fallecieron por estrangulamiento o golpes contundentes en la cabeza; dos habrían sido agredidas sexualmente antes de ser asesinadas.

Por los crímenes, otros cinco hombres están con detención preventiva. Omar dijo que Juan Dennys G.M., su jefe presuntamente narcotraficante, es el autor de las muertes y que lo obligó a autoinculparse.

Según el estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto, en un 25.15% de casos la víctima se encontraba desaparecida antes de cometerse el feminicidio. Además, en el 36.99% se dio aviso previo a la Policía y en el 63.01% no se informó este hecho. En los crímenes en los que la víctima se encontraba desaparecida previamente al feminicidio, la investigación determina que en el 49.06% la búsqueda del cuerpo se inició de manera inmediata y en el 50.94% no.

MÁS OCULTAS BAJO TIERRA

Ocultó el crimen durante un año, pero no pudo más con la culpa. Yeri Dorado confesó que mató a Gina M., madre de su hijo, con seis puñaladas y que la enterró por inmediaciones del río Piraí Costanera, en Santa Cruz. La madrugada del 2 de abril de 2020, la pareja, de 21 y 22 años, habría discutido y ella quiso lanzarle un ladrillo, pero él la atacó con un cuchillo, según la declaración del ahora sentenciado a 30 años de presidio. Su cuerpo fue exhumado el 28 de febrero de este año. 

Otras dos mujeres más fueron enterradas en Cochabamba. Isabel V., de 45 años, fue encontrada sin vida el 17 de mayo sepultada debajo de un tractor en el garaje de una casa ubicada en la comunidad de Chuchuncani del municipio de Pocona.

Casto O.B. y Evangelina B.A., esposos, fueron enviados preventivamente a prisión por la muerte de Isabel, quien perdió la vida por asfixia por sofocación, policontusión y trauma nasal. Se presume que la víctima tenía una relación sentimental con el principal sospechoso.  

El décimo feminicidio en Cochabamba se registró el 23 de mayo. Avanja Ñucra, de 34 años, fue hallada sin vida en un pozo séptico de su vivienda ubicada en la comunidad de Aramasí, Punata. Su expareja, padre de sus cuatro hijos menores de edad, la mató a golpes y la envolvió en unas carpas para ocultarla hasta que cayera la noche y la sepultara pretendiendo ocultar el crimen.

A los dos días, Jorge A.V. llamó a la hermana de la víctima para decirle que Avanja salió el domingo y no volvió más a su hogar. “No hay tu hermana, dónde se habrá ido. A Chile me voy a ir me estaba diciendo”. Ese día, el sospechoso fue aprehendido y dirigió a los investigadores hasta el sitio donde enterró el cuerpo de su exconcubina.

De las 61 víctimas, 21 perdieron la vida asfixiadas, 14 por puñaladas, 10 por traumatismo encéfalo craneano, siete por golpes y flagelos, cinco a balazos y cuatro en otras circunstancias, según el Observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

En 2020, se reportaron 62 hechos de enero al 6 de julio, pero la gestión concluyó con 113 crímenes.

El 35.76% de las muertes se cometen en el domicilio que compartía la víctima y el agresor, en un 17.58% en la casa de la afectada, en un 13.33% en la vivienda del agresor, en un 27.88% en vía pública, en un 4.24% en el lugar de trabajo y en un 1.21% en el lugar de estudios. 

MÁS JÓVENES

El 51% de las víctimas de feminicidio de este año tienen entre 19 y 30 años, de acuerdo con los datos socializados por el Observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

El 26% de las fallecidas tenían entre 41 y 60 años, mientras que el 14% estaba entre los 31 y 40 años. En tanto, el 6% tenía menos de 18 años y el 3% era mayor de 61 años.

Según el Observatorio, hay 86 huérfanos del feminicidio; 65 son menores de edad y 21 mayores que aún dependían de su madre que “quedan a su suerte”, pero son una preocupación de las organizaciones que denuncian un abandono del Gobierno y exigen atención a esta población. 

En un 35.19% de casos, la víctima tenía hijos en común con su agresor; el 35.71% tenía un hijo, un 25% dos hijos, un 23.21% tres hijos y un 16.07% cuatro o más hijos, según el estudio de ciudades capitales y El Alto.

Respecto a la situación de los agresores, de los 61 casos de este año, ocho fueron sentenciados, 40 están con detención preventiva, siete no fueron identificados, cinco se quitaron la vida tras cometer el crimen y dos se encuentran prófugos, según el Observatorio.

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