Hay varias formas de medir el “éxito” de un bloqueo o cualquier otra medida de presión. Lo normal es hacerlo por el efecto que genera en el interpelado, es decir, que haga lo que se pide. Lograrlo suele depender de la cantidad de daño que se haga, pero también del impacto sobre la opinión pública, que es al final quien determina quienes son los culpables. La teoría dice que eso al final afecta en las elecciones posteriores, aunque en Bolivia es difícil de creer.
En el caso que nos ha estado ocupando en el país en las últimas dos semanas la evaluación sería negativa en tanto los magistrados no solo no han renunciado pese a tener el mandato caducado desde el 2 de enero y sostenerse en el cargo en base a una resolución firmada por ellos mismos, sino que en el proceso se han atrevido incluso a amenazar a la Asamblea exigiendo que se les reconozca su auto prórroga, y todo el mundo sabe que de momento son quienes tienen el poder de volver a boicotear el proceso.
El bloqueo resistió sobre todo gracias a “la pinza”. Kawsachun Coca hizo todo lo que pudo por afirmar el impacto nacional de un bloqueo que estaba básicamente en el trópico cochabambino más algunos puntos en el altiplano. A que así se configurara ayudaron bastante las letanías de la oposición esta vez en contra de sus criterios de antaño, es decir, culpando al gobierno que hace exactamente lo que haría cualquier gobierno “de la derecha”: criminalizar a los bloqueadores, evaluar pérdidas de forma exagerada, advertir con muertos y enfrentamientos y hasta “lloriquear” por el impacto en el Carnaval.
El MAS de Evo ha optado sin embargo por otro clásico que es celebrar lo conseguido – el compromiso de una pronta convocatoria del proceso para la elección judicial – olvidando lo que había sido su pedido original: que se vayan todos. En la incertidumbre, algunos insisten en que el bloqueo se mantiene hasta que se cumpla el acuerdo el próximo martes, pero en cualquier caso, es en el Chapare.
Nuevas posiciones
El acuerdo institucional alcanzado el viernes en la noche configura una suerte de nuevo escenario entre las partes, incluido Creemos que trató de marcar perfil propio abandonando la reunión. Evidentemente nadie puede hablar de vencedores ni vencidos, pero hay unas fuerzas que quedan más tocadas que otras.
El gobierno, con su bancada en Diputados que es mayoritaria para los acuerdos simples gracias a los tránsfugas de Comunidad Ciudadana y Creemos, que suman, no ha dudado en quitarse la careta en este tramo final de la elección judicial vinculando específicamente el cese de los magistrados autoprorrogados a la aprobación de unas leyes de créditos en la Asamblea.
El MAS de Evo ha salvado a última hora lo que podía haber sido un cataclismo a medida que se acercara el Carnaval. El bloqueo no ha sido ni de lejos lo esperado y en muchos departamentos ni siquiera se ha instalado un solo punto, lo que trasciende los argumentos sobre la extorsión del arcismo a las bases. Probablemente ni Evo ni sus colaboradores ni esa generación política que le sigue atribuyendo poderes paranormales reconocerán su declive, pero puede que no solo no le alcance para ser presidente, sino para ser candidato.
Por último, Comunidad Ciudadana trata de mostrarse como la oposición firme pero útil, capaz de presionar al gobierno por los cauces tradicionales: negociar, pactar, etc., lo que Fernando Mayorga dice que es “recuperar la política en el proceso decisional desplazando a los abogados”.
Lo cierto es que el asunto está en el punto 0. El acuerdo es débil y cualquiera que se sienta perdedor puede acabar por arruinar el proceso. Bolivia necesita nuevos Magistrados y también un proceso profundo de renovación judicial. Veremos si esto sale.
Fuente: El País – Tarija