Esa argumentación se basa en las reuniones que supuestamente mantuvieron los exjefes militares y policiales con Luis Fernando López el 10 de noviembre de 2019, en las instalaciones del Comando General de las Fuerzas Armadas, ubicada en la zona Sur de La Paz.
De acuerdo a la resolución de sobreseimiento que presentó la Fiscalía en el caso “golpe I”, se apunta como directo responsable al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro desde hace un año. Además, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari; excomandante de las FFAA, William Kaliman y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
“El dominio del hecho siempre estuvo en manos de los principales investigados. Es decir, en manos de Luis Fernando Camacho Vaca en su condición del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico Potosino, además del Gral. Williams Carlos Kaliman Romero, comandante General de las FFAA y el Gral. Bladimir Yuri Calderón Mariscal comandante Gral. de la Policía Boliviana”, señala el documento al que tuvo acceso la ANF.
El miércoles, se conoció que el Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento el 15 de enero a favor de Añez por dos delitos, pero se mantiene el proceso por terrorismo en grado de complicidad. Asimismo, se retiraron los cargos contra otros procesados, entre ellos los exministros y exjefes militares.
Esa argumentación se basa en las reuniones que supuestamente mantuvieron los exjefes militares y policiales con Luis Fernando López el 10 de noviembre de 2019, en las instalaciones del Comando General de las Fuerzas Armadas, ubicada en la zona Sur de La Paz.
El documento está firmado por el fiscal Omar Mejillones y ya fue remitido al Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz. En el mismo, realiza una explicación sobre la presunta participación de los sindicados y señala a los principales autores de la crisis política de 2019.
Según la investigación, el Ministerio Público no llegó a colectar elementos de prueba para acusar a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, ni a los exjefes militares, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, por tanto, decidió emitir una resolución de sobreseimiento a favor de los procesados.
“Durante el desarrollo de las actuaciones investigativas en etapa preliminar y preparatoria, respectivamente, no se ha llegado a colectar elementos de prueba suficientes para demostrar que los imputados Gral. Flavio Gustavo Arce San Martin (Jefe de Estado Mayor), el Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara (Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana), el Gral. Palmiro Gonzalo Jarjury Rada (Comandante General de la Armada Boliviana), Gral. Jorge Pastor Mendieta Ferrufino (Comandante del Ejército Boliviano), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (exministro de Energía) y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (exministro de Justicia) pertenezcan a una organización armada”, indica otra parte la resolución.
Asimismo, menciona la sentencia constitucional 0004/2022 del 16 de febrero de 2022 que declaró inconstitucional el delito de sedición, afirma que existe un impedimento de continuar con el requerimiento conclusivo, ya que ese tipo penal fue anulado del ordenamiento jurídico del país.
“En atención a estos extremos referidos precedentemente, existe un óbice para proseguir con la emisión de requerimiento conclusivo diferente al emitido, es decir al haberse determinado la inconstitucionalidad de este tipo penal, donde actualmente ya no constituye delito, debiendo al efecto tomarse en cuenta que la emisión de la correspondiente resolución de imputación formal fue anterior a la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional N 004/2022, que declara la inconstitucionalidad de este tipo penal”, dice la resolución.
Sobre la situación de los militares, el fiscal argumenta que, si bien formaron parte de la conferencia de prensa donde el comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, en el que sugirió la renuncia de Evo Morales, reconoce que no tuvieron el poder de decisión de las acciones que asumió la autoridad militar. Ese mismo aspecto se toma en cuenta para los exministros Coímbra y Guzmán.
Resolución a destiempo
Por otra parte, el abogado de la expresidenta, Luis Guillen, dijo que la resolución no tiene trascendencia, ya que se mantiene el delito de terrorismo, que es uno de los tipos penales más gravosos. Afirmó que la decisión de la fiscalía muestra la “persecución” contra Añez y un actuar “injusto” en la administración judicial.
A la vez, advirtió que el proceso y los delitos que se investigaron fueron inexistentes, por tanto, la investigación fue ilegal y forzada, con el fin de desvirtuar las irregularidades que se generaron en las elecciones de 2019.
“La decisión que expulsa del delito de sedición y, por tanto, el delito de conspiración por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional fue hace más de un año y medio. Entonces es una decisión a destiempo del Ministerio Público. ¿Esto qué implica?, que se ha tenido una investigación sobre delitos inexistentes en el ordenamiento jurídico boliviano, por lo tanto, una investigación ilegal”, sostuvo.
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Fuente: ANF