El freno al Presupuesto General del Estado (PGE 2023) es el primer escollo que sufre el gobierno de Luis Arce debido a la división de la bancada legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, parte de los legisladores del oficialismo impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
En la sesión maratónica fue evidente la confrontación entre “luchistas”, que apoyan a Arce, y “evistas”, que respaldan a Evo Morales.
Esta vez en la consideración de la norma esencial para la gestión del Estado en 2023.
El proyecto de PGE 2023 fue aprobado por solo 44 diputados y rechazado por 68, entre ellos legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
Así, el debate por ese proyecto entró en un cuarto intermedio hasta las 18.30 de este jueves.
Hay antecedentes cercanos de las divergencias entre los propios asambleístas del MAS, que tuvieron que valerse de sus colegas de oposición para hacer mayoría.
Censo
La sanción de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, el 29 de noviembre, tuvo varios tropiezos.
Trasladado a la Asamblea Legislativa, el análisis de un proyecto de ley por el Censo de Población y Vivienda se abordó, primero, en la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados y, luego, en la sesión plenaria de ese órgano camaral.
En ambas instancias, la propuesta de norma se aprobó por mayoría y mediante el consenso entre diputados de oficialismo y oposición.
Cuestionado por Morales, líder del MAS, quien dijo que el consenso representaba “el regreso de la democracia pactada”, el debate fue elevado a la Cámara de Senadores.
Los miembros de ese órgano aprobaron, primero, la dispensación de trámite para la instalación del debate en sesión plenaria.
Luego se aprobó en grande y en detalle la propuesta y fue remitida al presidente Luis Arce para su promulgación.
Inmediatamente conocido aquello, Morales calificó de “traición” la aprobación de dicha norma. Finalmente, Arce promulgó la ley con la aclaración de evitar muertes en el paro de Santa Cruz no implica traición.
Aunque en ambos casos, los legisladores del MAS se cuestionaron entre ellos.
El reclamo más fuerte se dio en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, cargo que Jerges Mercado ocupa actualmente.
Gabinete de Arce
Pero los cuestionamientos de Morales hacia los miembros del gabinete ministerial de Arce fueron más allá.
Desde hace más de tres meses, el también líder cocalero fustigó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien acusa de liderar “un plan negro” en su contra.
Pero también cuestionó al ministro de Justicia, Iván Lima, por una supuesta “persecución” en contra de Morales.
Morales acusa a los allegados de Arce de “defenestrar” su imagen política y así evitar una posible postulación en las elecciones generales previstas para 2025.
Daños colaterales
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que se han causado “daños colaterales” a la economía boliviana al aprobar el PGE reformulado sin las dos disposiciones de las siete que el Gobierno se había incluido en el proyecto de ley. La sexta disposición hablaba de “mejorar el ejercicio de la supervisión consolidada de grupos financieros” y la séptima, de “mejorar la transparencia y la lucha contra las ganancias ilícitas a favor de las personas y empresas que denuncien con pruebas este delito.
Las disposiciones fueron retiradas del proyecto ante la presión de legisladores que consideraron que se trataba de imponer un control político sobre la sociedad civil y grupos económicos.