El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó el miércoles fuertes preocupaciones respecto a un aparente «sabotaje económico» por parte de la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores. Montenegro acusó a la comisión de retrasar deliberadamente el tratamiento del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2023 Reformulado y también señaló que el proyecto fue aprobado con ciertas modificaciones.
El Ministro explicó: «Nos hemos enterado de que (desde el Senado) han enviado este proyecto de presupuesto con aprobación, pero con modificaciones, lo que implicaría que si en plenaria de la Cámara de Senadores se aceptaría este informe de aprobación, pero con modificaciones, volvería a la Cámara de Diputados y tiene 20 días para aceptar esas modificaciones y volverlo a enviar nuevamente al Senado».
El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, Hilarión Mamani, había informado previamente que el proyecto fue aprobado y negó que se haya obstaculizado el proceso o cualquier otro proyecto enviado desde el Ejecutivo.
Montenegro resaltó que uno de los aspectos clave del proyecto de ley era la inclusión de las universidades indígenas e institutos tecnológicos para acceder a recursos destinados a la ciencia y la investigación. Sin embargo, estas inclusiones no se contemplaban en las modificaciones realizadas.
El Ministro argumentó: «Es un despropósito que la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, liderada por el senador Hilarión Mamani, haya enviado un proyecto con modificaciones (…) parece haber una intención del senador Hilarión Mamani de llevar a cabo un sabotaje económico, ya que no ha habido una argumentación sólida para objetar la inclusión de nuestros artículos».
El proyecto de ley fue aprobado el 4 de octubre en la Cámara de Diputados y llegó al Senado el 9 de octubre. Sin embargo, el 24 de octubre se discutió en la Comisión de Planificación, a pesar de haber estado en esa instancia desde el 13 de octubre. Montenegro criticó este prolongado proceso de revisión al afirmar: «Han tomado más de 11 días para revisar».
El proyecto de ley busca asignar más de 870 millones de bolivianos para abordar las necesidades del país, especialmente en respuesta a sequías e incendios.