La presidenta de Perú cuestionó las aseveraciones de la CIDH, a la que dice respeta, pero no comparte lo que incluye su informe sobre ejecuciones extrajudiciales e incluso defendió el trabajo de los militares y policías.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este miércoles (03.05.2023) que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses se produjeran «ejecuciones extrajudiciales» y una «masacre», tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.
«Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, la CIDH afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo «estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».
Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de «ejecuciones extrajudiciales» que «habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos».
Boluarte explicó que las muertes ocurridas en las protestas se están investigando en los organismos judiciales correspondientes y que es «importante» que estas pesquisas avancen con celeridad para encontrar responsabilidades.
Y defendió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), de las que dijo que «siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad».
«El informe general usa siempre las condicionales, los de la Comisión estuvieron dos días y tres días, en cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional», dijo en relación a las visitas al país que dicha institución realizó en diciembre y en enero pasados.
Informe no atribuye responsabilidad penal
En este sentido, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, señaló que «no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú».
La presidenta negó que haya existido racismo durante la represión de las protestas como indica el informe y afirmó que en su Gobierno «no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole», en relación a varias expresiones de miembros del Ejecutivo durante estos meses que organizaciones de derechos humanos han criticado.
«Desde que asumimos el Gobierno, no ha habido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo», añadió.
Dina Boluarte saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el estado de derecho en dicha fecha.
Recalcó que el Estado respeta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son para el Gobierno «pilares fundamentales» y que por este motivo nada más comenzar las protestas en diciembre de 2022 invitaron a la CIDH al país para que evaluara la situación.
«El informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado», indicó Otárola al señala que este no es «una sentencia» y que Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual conforme a la Constitución.
mg (efe, La República)